Actualizado: 18/11/2017
InicioNoticiasEl tanatorio de San Pedro Alcántara tiene dos causas judiciales

El tanatorio de San Pedro Alcántara tiene dos causas judiciales

El tanatorio de San Pedro Alcántara tiene dos causas judiciales

Vía: Opinion Málaga

El tanatorio de San Pedro Alcántara de Marbella (Málaga) entró en funcionamiento el pasado 11 de enero de 2017, y pesan sobe él dos causas judiciales. La primera ha sido pública a principios de la semana pasada, y se refiere a la denuncia que la Fiscalía de Medio Ambiente que ha presentado ante el Juzgado Decano de Marbella para investigar si la concesión de la licencia de actividad del tanatorio pudiera ser constitutiva de delito.

La denuncia, presenta por el fiscal, ha caído en el Juzgado de Instrucción número 2, debido a que no han conseguido la información que se ha solicitado al Ayuntamiento desde el 25 de mayo.

La autorización la concedió en noviembre el teniente alcalde de San Pedro, Rafael Piña, cuya formación, Opción Sampedreña, gobernaba entonces el municipio en coalición con PSOE e IU.

Piña, que sigue desempeñando el mismo cargo tras la moción de censura impulsada por PP y OSP, aseguró a mediados de semana que no había tenido acceso al informe de Fiscalía, por lo que, señaló, desconocía los términos en los que éste se pronuncia.

El concejal de Hacienda, Manuel Osorio, el otro edil de OSP y que también ocupaba el mismo cargo con el anterior equipo de gobierno, sostiene que la licencia de actividad del recinto se otorgó en base a los informes municipales de los técnicos.

El solar sobre el que se edifica el tanatorio lo adquirió el Ayuntamiento a principios de la década de los 2000, entonces gobernado por el GIL.

La segunda causa alude a la anulación por parte de un juzgado de Málaga de la licencia de obras del tanatorio, firmada a principios de 2015 por el excoordinador de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento, gobernado entonces por el PP, Carlos Rubio. El gobierno de coalición integrado por PSOE, IU y OSP anunció a finales de mayo que recurriría la sentencia para defender los «intereses del Ayuntamiento».

Compartir:
Valorar este artículo