Actualizado: 21/11/2019
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Piden penas de cárcel por los “contratos fantasma” en el cementerio de Granada

Piden penas de cárcel por los “contratos fantasma” en el cementerio de Granada

La acusación que ejerce Marta Gutiérrez, exedil de Vamos Granada en el caso Emucesa, sobre posibles contratos irregulares en el cementerio de Granada capital, pide como la Fiscalía penas de 6 años de cárcel para Eduardo Moral y de 5 para María Francés, exediles del PP y exconsejeros delegados.

Según ha informado, el pasado miércoles 2 de octubre, la formación que ejerce la acusación popular, el escrito presentado por Gutiérrez es el último que faltaba por parte de las acusaciones y, a partir de ahora, es el turno para que las defensas presenten los suyos, con lo que el juicio podría celebrarse a principios del próximo año.

Vamos Granada, junto a la Abogacía del Estado, considera que se habrían cometido, además de los posibles delitos de prevaricación, malversación y fraude al sistema de la Seguridad Social, este último en el caso de cuatro de las personas contratadas.

La Fiscalía, según informó por su parte el pasado junio en un comunicado, solicita las referidas penas de cárcel por haber realizado presuntamente contratos irregulares cuando fueron máximos responsables de la Empresa Municipal de Cementerios y Servicios Funerarios de Granada (Emucesa) en el periodo 2003-2011 y 2011-2016, respectivamente.

Para los otros acusados, los cinco contratados, también se piden penas que oscilan entre los cuatro años y los cinco años y seis meses de prisión, al igual que la inhabilitación especial o absoluta para cargo o empleo público.

En el escrito de acusación, la Fiscalía señala que, con la finalidad de dar apariencia de legalidad a la recepción de dinero público por personas afines a él o a su partido y liberar a cargo de la empresa pública unas cantidades mensuales en concepto de retribución económica, suscribieron contratos de “alta dirección” simulando una relación laboral inexistente.

Añade que, desde el momento de la firma de los sucesivos contratos conocían, contratante y contratado, que el trabajo no iba a prestarse, constituyendo un documento necesario para la asignación de la retribución que debía ser abonada por la empresa pública.

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