Actualizado: 11/12/2018
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La querella contra el director de Medicina Legal de Tenerife depende de que la parte demandante abone 6.000 euros

La querella contra el director de Medicina Legal de Tenerife depende de que la parte demandante abone 6.000 euros

Vía: M.G.S / El día

El rocambolesco caso de las malas prácticas de psicología forense en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Santa Cruz de Tenerife sigue su curso. Después de que la Audiencia Nacional ordenara reabrir la investigación contra el psicólogo Enrique Armas, al que se le acusa de usar pruebas no validadas con víctimas de malos tratos, ahora un juzgado de instrucción de La Laguna ha fijado la fianza para decidir si admite a trámite la querella presentada por un colectivo de afectados contra el presidente del instituto, Jesús Vega.

La Plataforma en Defensa de la Buena Práctica Psicológica Forense debe abonar 6.000 euros para que luego la juez tome una determinación sobre el caso. Esta asociación, que recurrirá el importe de una fianza que considera demasiado elevada para sus posibilidades, acusa al director del Instituto de los delitos de falsa documentación y prevaricación por elaborar un “informe falso” con “la presunta intención de ocultar la mala práctica de Armas y el escándalo que se ha generado en el IML con sus actividades”.

La fianza impuesta “imposibilita” que el colectivo pueda ejercer su acusación y “obstaculiza el derecho a la tutela judicial efectiva”, se lamenta el portavoz de la plataforma, Julio Padrón, quien recalca que este grupo “no cuenta con medios económicos ni subvenciones de ningún tipo”. La querella se interpuso a finales de 2013 y la jueza emitió la providencia en que fija la fianza el 1 de septiembre de este año.

El origen del caso se remonta a 2009, cuando el psicólogo forense Enrique Armas, según los denunciantes, comenzó a utilizar a “víctimas de violencia de género, imputados y menores en situación de solicitud de custodia” para realizar sus propias investigaciones. Así, relata Padrón, “emitía informes incluyendo los resultados de sus propios tests, que además no estaban validados, contrastados ni homologados, lo que daba lugar a confusión en la toma de decisiones de los jueces”.

 

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