Desde 2009 existe la petición de construir el edificio del Instituto de Medicina Legal de Toledo
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha tiene muy complicado que el Ministerio de Justicia cumpla una petición que año tras año plasma en su memoria anual para dejar claro la necesidad de construir el edificio del Instituto de Medicina Legal de Toledo. Un proyecto que data del año 2009, pero que sigue sin encontrar hueco en la agenda política por mucho que se reclame desde el ámbito judicial.
En esta ocasión, El Tribunal Superior de Justicia ha vuelto a reflejar en el documento la urgencia de levantar el edificio en Toledo, que dispone de una parcela en la calle Dinamarca cedida por el Ayuntamiento en el año 2010 tras una intensa negociación. Pero aunque lo considera «imprescindible para dar sentido a los distintos servicios y secciones», sabe de antemano que tiene la partida perdida porque el Gobierno de Mariano Rajoy dio carpetazo a este proyecto el año pasado y lo retiró de los Presupuestos Generales del Estado aludiendo a la crisis económica.
Sin embargo, la memoria que el TSJ ha remitido recientemente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no se olvida de este importante proyecto porque el tribunal conoce de cerca las carencias diarias a las que se enfrentan los forenses por falta de instalaciones adecuadas. Por tanto, un edificio en Toledo ayudaría a organizar y a dar mejor servicio dada la amplitud de las provincias. Cabe recordar que Castilla-La Mancha cuenta con dos Institutos de Medicina Legal, uno incluye a Cuenca, Albacete y Guadalajara, con sede en Albacete; y el otro a Toledo y Ciudad Real, con sede en nuestra ciudad. Las necesidades de los forenses animaron a Justicia a plantear la construcción de un edificio y los primeros pasos se encaminaron a conseguir una parcela en la ciudad.
Tras varias conversaciones con el Ayuntamiento, comenzaron a agilizarse los trámites para la cesión de un terreno en la calle Dinamarca.
Todo indicaba que en ese año 2010 se redactaría el proyecto, tomando como modelo otros implantados recientemente, y se licitarían las obras. Así, al menos, lo veía la Gerencia Territorial de Castilla-La Mancha, dado que el Gobierno incluía partidas en sus previsiones económicas de los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, las expectativas se desinflaron demasiado pronto porque el Ministerio de Justicia nunca daba un paso en favor de este proyecto aunque consignaba pequeñas partidas y relegaba a años posteriores el grueso de la inversión, 3,1 millones de euros en principio pese a que en los presupuestos de 2012 la partida se incrementó 680.000 euros más.
Las previsiones de ese mismo año destinaban un montante de 300.000 euros que, probablemente sería para la redacción del proyecto. La sorpresa desagradable llegó meses después con la llegada de los Presupuestos Generales del Estado de 2013 porque el proyecto se esfumó y su vuelta se vinculó a «disponibilidad presupuestaria». Una decisión que no sentó muy bien en el ámbito judicial ni en el político, puesto que el PSOE criticó en la Mesa del Congreso para intentar reanudarlo porque no le parecía tan caro.
Sin embargo, desde esta fecha no se han conocido más noticias acerca de un proyecto que se pensó ejecutar en cinco años. Los forenses no son los únicos damnificados debido a los ajustes presupuestarios. El TSJ recuerda en su memoria del año pasado que aún está pendiente la reforma integral de la Audiencia de Toledo, con un coste de 2,3 millones de euros. Yen la provincia aún ‘duermen el sueño de los justos’ las nuevas sedes judiciales de Illescas, Torrijos y Talavera de la Reina.
Más necesidades. Los forenses se esfuerzan día a día por ofrecer un buen servicio, pero la falta de inversión en recursos materiales e informáticos les dificulta la tarea. Cuentan con una sede en la Avenida de la Plaza de Toros, pero al actuar como centralita de los médicos forenses el edificio presenta carencias importantes de espacio y esta problemática ha obligado a compartir despachos y a habilitar mesas de trabajo en varios espacios, incluso en la sala de reuniones.
Por otra parte, la memoria del TSJ recoge las deficiencias del servicio de patología, que se realiza en el depósito de cadáveres del cementerio municipal, un espacio cedido por el Ayuntamiento. A pesar de las dificultades que añade el hecho de peregrinar de un sitio a otro por falta de un edificio que albergue el Instituto de Medicina Legal, los forenses piden que Justicia invierta en algunas mejoras para que las autopsias y otros análisis se realicen en condiciones óptimas. En este caso, los profesionales apuntan que no disponen de equipo de extracción de aire, un recurso importante para prevenir riesgos por contagio, sobre todo, de tuberculosis. Además, explican que tienen problemas «con el suministro eléctrico y frecuentes averías en cámaras».
