Una visita al cementerio que debía ser un acto de recuerdo y homenaje se convirtió en una pesadilla para una ciudadana de Barcelona. Al llegar al cementerio de Sant Andreu, se encontró con la tumba de su padre completamente vacía, sin lápida, cristal ni jarrones. La sorpresa y el dolor dieron paso a una serie de descubrimientos alarmantes sobre la gestión de Cementiris de Barcelona.
La investigación llevada a cabo por la Sindicatura de Greuges de Barcelona desveló «irregularidades administrativas» en el proceso de exhumación del cadáver. La ciudadana, al indagar, descubrió que los restos de su padre habían sido retirados casi ocho meses antes debido a un impago, y trasladados al osario general. Sin embargo, las notificaciones relacionadas con el impago y la caducidad de la sepultura se enviaron a una dirección incorrecta, sin coincidir con el domicilio de empadronamiento.
El caso, del cual ya nos hicimos eco en su día, ha revelado una cadena de errores administrativos que cuestionan la diligencia de Cementiris. La normativa vigente establece que la concesión de sepulturas requiere un pago anual, y el impago inicia un expediente de caducidad. Sin embargo, la Sindicatura identificó que las notificaciones no se realizaron de acuerdo a la normativa, ya que no se consultó el padrón municipal tras la devolución de las notificaciones por «domicilio desconocido». Además, se procedió a publicar la notificación en el diario oficial después de un solo intento fallido.
La ciudadana inició un procedimiento de responsabilidad patrimonial, argumentando que la negligencia de Cementiris fue la causa de este daño. Sin embargo, la reclamación fue desestimada por prescripción, una decisión que la Sindicatura considera «jurídicamente cuestionable», ya que el plazo de prescripción no debería comenzar hasta que la persona afectada tiene conocimiento efectivo del daño.
La Sindicatura ha recomendado revisar el procedimiento de caducidad de la sepultura para determinar su posible nulidad y las consecuencias legales correspondientes. Criticó, además, un intento de acuerdo al margen de la tramitación formal, que comprometía los derechos de la ciudadana al pedirle eximir de responsabilidad a Cementiris.
Este caso pone de manifiesto la importancia de un procedimiento administrativo transparente y justo, especialmente en asuntos tan delicados como la exhumación de restos. La Sindicatura aboga por una revisión exhaustiva del proceso y una adecuada respuesta a la reclamación de la afectada, asegurando que los derechos de las personas no sean comprometidos por errores administrativos.
