En el cementerio de Sant Andreu, Barcelona, una ciudadana se encontró con una sorpresa desconcertante: la sepultura de su padre estaba vacía. Sin lápida, ni vidrio, ni jarrones, lo que debería haber sido un lugar de memoria se había convertido en un espacio desolado. Al buscar respuestas, se enteró de que los restos de su padre habían sido retirados y depositados en el osario general debido a un supuesto impago, un procedimiento que tomó lugar ocho meses antes de su visita.
La ciudadana, tras acceder a la documentación correspondiente, descubrió que las notificaciones de impago y caducidad se habían enviado a una dirección incorrecta, sin coincidir con su domicilio de empadronamiento. Además, se omitieron los segundos intentos de notificación, lo que la llevó a iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial contra Cementiris de Barcelona, S.A. (CBSA), alegando negligencia.
La Sindicatura de Greuges de Barcelona, tras investigar la queja, concluyó que hubo «irregularidades administrativas» en la exhumación. Según la normativa vigente, la sepultura era una concesión breve que requería pago anual, y el impago motivó un expediente de caducidad. Sin embargo, el procedimiento estuvo plagado de «deficiencias en la notificación», ya que no se consultó el padrón municipal tras un intento fallido de notificación.
Además, la Sindicatura criticó que CBSA no acreditó el estado de la sepultura mediante una fotografía antes de su vaciado, debilitando la justificación de la medida adoptada. También cuestionó la desestimación de la reclamación de responsabilidad patrimonial por prescripción, señalando que el plazo no debería iniciar hasta que la persona afectada tiene conocimiento efectivo del daño.
Este caso ha resaltado la importancia de cumplir con todas las garantías legales en los procedimientos administrativos. La Sindicatura recomendó revisar el procedimiento de caducidad, documentar con fotografías futuras ejecuciones y tramitar adecuadamente la reclamación de responsabilidad patrimonial de la afectada.
Finalmente, la Sindicatura hizo hincapié en la necesidad de garantizar una notificación adecuada, desplegando la diligencia mínima requerida para localizar la dirección correcta de los interesados. Este incidente no solo pone en tela de juicio las prácticas de Cementiris de Barcelona, sino que también subraya la importancia de la transparencia y el respeto a los derechos de los ciudadanos en los procesos administrativos.
