Actualizado: 03/04/2020
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La UDEV entra en el cementerio de El Salvador para realizar un reportaje fotográfico y registro

La UDEV entra en el cementerio de El Salvador para realizar un reportaje fotográfico y registro

A las 08.00 horas, efectivos del Grupo I de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional de Valladolid han entrado en el Cementerio Jardín-Parque El Salvador, en Santovenia de Pisuerga.

El objetivo era el de practicar una prueba fotográfica en las instalaciones, dentro de la investigación judicial iniciada a partir de la ‘Operación Ignis’.

La prueba, tal y como informaron a Europa Press fuentes jurídicas, fue solicitada en septiembre de 2019 por la Fiscalía de Valladolid y ha sido realizada sin que fuera necesario librar mandamiento judicial alguno, ya que la empresa investigada ha autorizado la práctica de la misma tras recibir el pasado día 6 de marzo una providencia de la titular del Juzgado de Instrucción 6, Teresa Javato, solicitando su colaboración.

La única condición puesta por Grupo Funerario El Salvador era que la prueba, consistente en la realización de un reportaje fotográfico de las instalaciones sitas en Santovenia y el cotejo de su distribución especial, se efectuase a primera hora “con la máxima discreción y menor injerencia posible en las actividades de la empresa”, como así ha ocurrido.

La prueba practicada por miembros de la UDEV, expertos en fotografía y planimetría, se ha extendido al edificio en el que se encuentran la recepción-oficina, horno y demás estancias, a fin de que el nuevo material pueda ser cotejado con el que ya obraba en poder del Grupo I.

El Juzgado de Instrucción 6 investiga desde finales de enero de 2019, entre otras presuntas irregularidades, la supuesta sustitución de féretros por otros de mucho menor precio antes del proceso de incineración por parte de un total de veinticinco personas, entre miembros de la familia Morchón, propietaria del negocio funerario, El Salvador de Valladolid, y empleados del grupo. El periodo analizado comprende entre 1995 y 2015 y habría cerca de 6.000 afectados.

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