La Xunta ordena el derribo de un panteón en el cementerio de Curtis
La Axencia da Protección da Legalidade Urbanística ha ordenado el derribo de un panteón construido sin permiso y sobre zona verde en el cementerio de la capilla de Santiago Apóstol, en el lugar de Paradela, en Curtis, La Coruña.
Este organismo autonómico ha dictado una resolución en la que concluye que las obras son ilegales y ordena al Arzobispado de Santiago y a la adjudicataria, Construcciones y Contratas Tegui, que derribe el panteón y parte de un muro ejecutados en una zona no permitida.
La Xunta le ha dado un plazo de tres meses a empresa y Arzobispado para que ejecuten las obras, que deberán costear íntegramente. De no hacerlo, la Axencia da Protección da Legalidade Urbanística ya advierte que impondrá multas coercitivas de entre 1.000 a 10.000 euros y que, llegado el caso, acometerá de forma subsidiaria las obras y le repercutirá los costes.
La construcción de este panteón se remonta a 2010. Las obras se ejecutaron sin la preceptiva licencia municipal y la autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio. El Concello, que había dado previamente orden de paralizar los trabajos, emitía en marzo de 2011 un informe que concluía que el panteón, adosado al cementerio existente y con capacidad para cuatro nichos, se había construido en zona verde sin licencia.
Los técnicos municipales constataron además que para su ejecución se había demolido parte de un muro de piedra tradicional que formaba parte del conjunto de la capilla y que estaba incluido en el catálogo de bienes del Concello de Curtis.
La Axencia de Protección da Legalidade Urbanística ratificó meses después el dictamen del Concello. Este organismo dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, dictó una resolución en la que declaraba las obras ilegalizables y daba trámite de audiencia al promotor y constructor para estudiar si era posible regularizar la situación.
Superado ese trámite, la Xunta ordena ahora la demolición de lo construido. Su notificación pone fin a la vía administrativa y los interesados solo pueden interponer contra la misma un recurso contencioso administrativo. La resolución fue suscrita hace ya casi dos meses.
