La reciente decisión del Consejo de Administración de Cementerios de Gijón, S.A. (CEGISA) de aumentar las tasas en un 2% para 2026 ha generado un intenso debate entre las diferentes fuerzas políticas y la administración local. Esta medida, impulsada por los votos de Izquierda Unida (IU), Podemos y la parte privada de CEGISA, se opone a la propuesta del Gobierno de congelar las tasas en un contexto de crecientes costes de mantenimiento.
La propuesta del Gobierno había sido criticada por su incoherencia, dado el aumento de los costos asociados al mantenimiento de los ocho cementerios de la ciudad. Javier Suárez Llana, portavoz de IU, argumentó que mantener las tasas congeladas era insostenible, especialmente cuando la inflación acumulada desde 2015 ha sido del 28.1%, mientras que las tasas solo habían aumentado un 5%.
Suárez Llana advirtió que la viabilidad de CEGISA estaba en peligro si no se ajustaban las tasas de acuerdo a la realidad económica. La postura del Consejo fue clara: se necesita una propuesta realista y responsable que garantice la financiación adecuada de los servicios públicos.
Por otro lado, Abel Junquera, concejal de Participación Ciudadana, lamentó la decisión del Consejo, señalando que el aumento del 2% es inferior al IPC de 2024, que fue del 2.8%. Junquera defendió la gestión del Ejecutivo como responsable, enfocada en proteger a las familias en un contexto económico incierto y con pérdida de poder adquisitivo.
El debate se centra en la necesidad de encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad económica de los cementerios y el esfuerzo fiscal que ya realizan los ciudadanos. Mientras IU y Podemos critican el enfoque del Gobierno por su falta de previsión, Junquera insiste en que la subida de las tasas es una medida moderada y necesaria para asegurar la continuidad del servicio.
La discusión sobre las tasas en los cementerios de Gijón refleja un problema más amplio: la gestión de los servicios públicos en tiempos de incertidumbre económica. La decisión final sobre las tasas no solo afecta a las cuentas de CEGISA, sino también a la percepción de los ciudadanos sobre la gestión pública y la responsabilidad de sus gobernantes.
