Durante años, cada quincena, maestros, pensionistas y empleados públicos veían descontarse entre 150 y 200 pesos de su nómina. Un gesto rutinario, aparentemente garantista: estaban pagando por un servicio funerario que, llegado el momento, les proporcionaría la seguridad de una despedida digna. Hoy, ese contrato se ha desvanecido, convertido en una amarga promesa rota.
Grupo CIF S.A. de C.V., la empresa que ofrecía dichos servicios, ha desaparecido sin dejar rastro. Con ella se ha evaporado la tranquilidad de más de 150.000 personas en el Estado de México que confiaron en su cobertura. Lo que era una red de seguridad para el futuro se ha revelado como un posible fraude de proporciones millonarias.
La indignación se hizo visible frente al Monumento al Maestro en Toluca, donde decenas de afectados se congregaron para exigir justicia. Muchos de ellos, docentes con más de veinte años de cotización, estiman haber perdido más de 40.000 pesos. Dinero que jamás recuperarán, al menos por ahora, y que representa años de aportaciones constantes y silenciosas.
La movilización no se detuvo ahí. La protesta se transformó en marcha: del sindicato de maestros a la rectoría de la UAEMEX, pasando por el Ayuntamiento de Toluca, hasta desembocar en el Palacio de Gobierno. Allí, con pancartas y testimonios a flor de piel, reclamaron la intervención de la gobernadora Delfina Gómez.
El silencio administrativo y la falta de respuestas agravan aún más el malestar. No es sólo una cuestión económica, sino de dignidad. Las víctimas no claman venganza, exigen que el sistema responda por lo que permitió o no supo evitar. Porque no se trata de un servicio, sino de la despedida que cada persona merece.
