Una mañana cualquiera en la funeraria LA LUZ, con sede en Peñaranda, se convirtió en un auténtico calvario. No por el fallecido, ni por la familia, ni siquiera por el dolor del adiós. El problema era otro: conseguir una simple licencia de inhumación. Y no fue posible. Tras horas intentándolo, se vieron obligados a plantearse una pregunta inverosímil: “¿Qué hacemos con el difunto?”.
Desde que el Ministerio de Justicia implantó un nuevo sistema telemático para gestionar licencias de entierro e incineración, las funerarias y los ayuntamientos —sobre todo los de pequeños municipios rurales— viven atrapados en un laberinto digital que nadie sabe cómo sortear.
“No se nos informó de nada. Nos enteramos sobre la marcha, con los cadáveres ya preparados y las familias esperando”, denuncian desde LA LUZ. La empresa ha decidido hacerlo público tras sufrir en primera persona una situación tan absurda como desesperante.
El nuevo procedimiento exige conexión, conocimientos técnicos y disponibilidad institucional. Pero en muchos pueblos, el secretario municipal no está todos los días. Algunos consistorios ni siquiera han podido instalar correctamente el software. El resultado: funerarias desbordadas, ayuntamientos bloqueados y familiares con el corazón en un puño sin poder despedirse de sus seres queridos como corresponde.
“Cada actor del proceso —el sacerdote, el enterrador, la familia— se ve paralizado, porque nadie puede avanzar sin esa maldita licencia digital”, explican desde la funeraria, agotados tras horas de gestiones infructuosas.
Todo esto ocurre en uno de los momentos más vulnerables que puede vivir una persona: perder a alguien querido. Si la tecnología no se adapta al entorno, ni a la realidad de los pueblos, lo único que consigue es sumar frustración al duelo.
Lo que debería ser un avance se ha convertido en una trampa burocrática que deja en evidencia una vez más que modernizar sin formar ni informar es casi peor que no hacer nada.
