En Sélibaby, una remota localidad al sureste de Mauritania, un acto de intolerancia sacudió a toda la nación. Lo que comenzó como una simple inhumación terminó por destapar una tormenta de consecuencias institucionales. El cuerpo de un ciudadano, presuntamente de religión cristiana, fue exhumado públicamente del cementerio musulmán donde había sido enterrado. El hecho no solo se volvió viral en redes sociales, sino que también provocó una reacción directa del propio presidente del país.
Mohamed uld Ghazuani, jefe de Estado mauritano, ordenó una investigación urgente que derivó en una decisión rotunda: destituir al gobernador de la región y a altos mandos de la Gendarmería, la Guardia y la Policía. ¿La razón? No actuar a tiempo para evitar lo que muchos consideran una humillación pública y una falta grave contra la dignidad humana.
Las imágenes del suceso, que circulan aún por internet, son tan impactantes como simbólicas: una multitud desentierra un cuerpo y lo arrastra por el suelo. Las críticas no tardaron en llegar, y no solo desde fuera. En la propia localidad, un imán había advertido que no era correcto enterrar al fallecido en ese cementerio, al tratarse de una persona cristiana. Sin embargo, su consejo fue ignorado. Incluso afirma haber alertado al gobernador y al fiscal, quienes declinaron intervenir alegando desconocimiento sobre la fe del difunto.
Las redes sociales se encendieron. Muchos ciudadanos, incluso sin compartir la religión del fallecido, aplaudieron la destitución de los funcionarios por lo que consideran una inacción injustificable. En palabras de varios internautas, «se trataba de un ser humano, no de un error administrativo».
Más allá de lo religioso, el caso ha reabierto un debate incómodo pero necesario sobre la convivencia, la libertad de culto y los derechos básicos. Mauritania, país de mayoría musulmana, se enfrenta así a una prueba que trasciende lo legal: demostrar que la humanidad no puede enterrarse con el silencio institucional.
