En un rincón del Cementerio General de Santiago, el tiempo pareció haberse detenido. Lo que debía ser un espacio de respeto y cuidado para los restos de cientos de personas, se convirtió en escenario de una realidad inquietante. Durante una inspección realizada en octubre de 2023 por la Seremi de Salud Metropolitana, se descubrió que más de 1.400 restos humanos estaban almacenados en bolsas plásticas dentro del crematorio. Lo más alarmante: al menos 600 de ellos no contaban con ningún tipo de identificación.
El hallazgo no solo reveló un desorden administrativo, sino también una amenaza sanitaria. El informe técnico detalló que además de las bolsas, había ataúdes abandonados y 17 tambores sin tapa que contenían restos post-cremación. Esta escena llevó a las autoridades a concluir que la administración del cementerio, dependiente de la Municipalidad de Recoleta, no cumplía con los estándares mínimos de salubridad.
Como consecuencia, el pasado 27 de marzo, se aplicó una multa de 100 UTM, lo que equivale a aproximadamente 6,8 millones de pesos. Pero esta no fue la primera advertencia. En abril de 2024, el recinto ya había sido sancionado por una situación similar: 450 urnas apiladas generaban un foco insalubre.
La directora del cementerio, Gianinna Repetti, aseguró que han comenzado a tomar medidas. Declaró que se destruyeron las urnas acumuladas y que hoy se conservan cerca de 400 restos humanos en bolsas plásticas. Además, confirmó que se encuentran en proceso de adquisición de un nuevo horno de incineración, para regularizar definitivamente el servicio.
La Seremi ha recomendado crear un protocolo formal para el tratamiento de cuerpos y residuos post-cremación. Un paso esencial, no solo para garantizar condiciones higiénicas, sino para devolver la dignidad a quienes esperan descanso en paz.