En 2019, una funeraria en el pequeño municipio de Bunyola, en Mallorca, operaba con normalidad. Sin embargo, lo que parecía ser una empresa estable terminó hundida en deudas y sin capacidad para pagar nóminas ni proveedores. La razón: uno de sus administradores habría estado utilizando las cuentas de la empresa para costear sus gastos personales.
La Audiencia de Palma se prepara para juzgar a este empresario, un hombre español de 39 años, acusado de apropiación indebida por haber desviado más de 85.000 euros de la funeraria Serveis Funeraris La Pau Bunyola SL. Según la fiscalía, entre marzo de 2019 y diciembre de 2020, el acusado habría cargado a la empresa pagos que nada tenían que ver con su actividad: suscripciones a Netflix, pedidos de comida a domicilio en Glovo o Just Eat, compras en supermercados y estancos, videojuegos, e incluso gastos escolares y reparaciones de vehículos.
El acusado, que administraba la empresa junto a otra socia —quien terminó siendo la principal perjudicada—, tenía acceso a dos cuentas bancarias de la funeraria. Según la investigación, habría aprovechado esta posición para retirar dinero de manera continuada, dejando a la sociedad al borde del colapso financiero. Con el tiempo, los desvíos de dinero sumaron más de 40.700 euros en 2019 y 44.500 euros en 2020, afectando gravemente la estabilidad de la empresa.
Deudas y una empresa al borde del cierre
Los efectos de estas maniobras financieras fueron devastadores para la funeraria. La empresa se vio incapaz de pagar a sus empleados, acumuló deudas con Hacienda, la Seguridad Social y sus propios proveedores, y quedó en una situación de insolvencia que puso en riesgo su continuidad.
El caso llegó a los tribunales, y aunque el juicio debía celebrarse recientemente en la Audiencia Provincial, la vista se suspendió y se ha reprogramado para esta primavera.
Tres años y medio de prisión y una indemnización millonaria
El Ministerio Fiscal solicita una pena de tres años y medio de prisión para el acusado, además de una multa de nueve meses a razón de diez euros diarios. También exige que el empresario devuelva a la funeraria los 85.298 euros que presuntamente desvió y asuma las costas del proceso judicial.
Por su parte, la acusación particular considera que no solo hay un delito de apropiación indebida, sino que también se podría hablar de administración desleal e insolvencia punible. Mientras tanto, la exsocia del acusado espera que la justicia le reconozca el derecho a una indemnización por el daño económico sufrido.
Ahora, la última palabra la tendrá la Audiencia de Palma, que deberá determinar si el acusado realmente desvió esos fondos para su beneficio personal y qué consecuencias legales enfrentará por ello.