La creación de una funeraria pública que abarate costos y garantice un mejor servicio para los ciudadanos ha abierto un intenso debate en Salou. Mientras el Ayuntamiento reafirma su compromiso con el proyecto, las críticas de la oposición y los recursos judiciales interpuestos por empresas privadas han complicado su puesta en marcha.
El alcalde Pere Granados defiende que Funecamp, la sociedad funeraria supramunicipal impulsada junto con Reus, Vila-seca y Constantí, es una iniciativa necesaria. “Permitirá mejorar los servicios y reducir costos para las familias”, aseguró en el pleno municipal. De hecho, otros tres municipios ya han mostrado interés en sumarse a la iniciativa.
Sin embargo, lo que parecía un paso adelante en la gestión municipal se ha convertido en una batalla legal. Empresas funerarias de la región han presentado recursos que han frenado el inicio de operaciones previsto para 2024. Ante esta situación, el consistorio de Salou ha decidido comparecer ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el juzgado contencioso-administrativo de Tarragona para defender el proyecto.
Un proyecto que divide posturas
El debate no solo se libra en los tribunales, sino también en el propio ayuntamiento. La oposición ha expresado dudas y críticas sobre la gestión de Funecamp y su empresa matriz, Serveis Funeraris Reus Baix Camp. Ana Belén Rodríguez, portavoz de Vox, manifestó su preocupación por “casos de acoso y contrataciones por enchufe” en la compañía, lo que, en su opinión, genera desconfianza en el proyecto.
Desde el PSOE, el concejal Yeray Moreno respondió que esas irregularidades “han quedado en el pasado” y que se ha firmado un nuevo convenio para garantizar un funcionamiento adecuado.
El Partido Popular, en cambio, optó por la abstención. Su portavoz, Mario García, argumentó que no tienen una postura clara sobre la conveniencia de una empresa pública para este servicio y, además, señaló el impacto económico del proceso legal: “Los costes judiciales ascienden a 6.650 euros”.
Una funeraria más accesible para las familias
Más allá de la disputa política y judicial, el objetivo de Funecamp es claro: abaratar un servicio esencial. Según las previsiones, los precios podrían reducirse hasta un 30% en comparación con las tarifas actuales de las empresas privadas. En cifras concretas, el precio base de un servicio funerario se situaría en 1.800 euros, mientras que el promedio sería de 2.800 euros.
Granados insiste en que este modelo “permitirá mancomunar servicios con una visión metropolitana” y asegura que el ayuntamiento evaluará su funcionamiento: “Es un voto de confianza. Si no funciona bien, daremos marcha atrás”.
Por ahora, el futuro de Funecamp sigue en el aire, pero lo que es seguro es que Salou está dispuesto a dar la batalla tanto en los tribunales como en el debate público.
