Una solución humana para aliviar el dolor de las familias tras una pérdida
Enfrentarse a la pérdida de un ser querido es un proceso difícil en sí mismo. A ese dolor se suma, en ocasiones, el impacto burocrático de la judicialización de muertes naturales, lo que prolonga la entrega de los restos mortales a los familiares. Para cambiar esta realidad, Andalucía ha dado un paso al frente con la implementación de un convenio entre la Consejería de Justicia, Administración Pública y el Servicio Andaluz de Salud (SAS).
El objetivo es claro: reducir al máximo las autopsias innecesarias y acelerar los trámites de los certificados de defunción en casos de muerte por causas naturales sin sospechas de criminalidad. Según Teresa Pardo, delegada de Justicia, este acuerdo es fundamental para mitigar el sufrimiento adicional que enfrentan las familias en momentos de duelo. “Cuando no hay indicios de violencia, las familias no deberían cargar con la espera de procesos judiciales para despedirse de su ser querido”, afirmó durante una jornada informativa en Málaga.
Una alianza entre médicos y forenses
El convenio, publicado en el BOJA y con una vigencia inicial de cuatro años, establece cómo deben coordinarse los médicos del SAS y los forenses de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) en la emisión de certificados de defunción. En esencia, los médicos del SAS serán responsables de estos trámites en casos de muertes no violentas, mientras que las sospechas de criminalidad seguirán bajo el ámbito judicial.
Carlos Bautista, delegado de Salud y Consumo, destacó el valor de este acuerdo para los profesionales médicos, quienes podrán consultar directamente con los forenses de guardia en caso de dudas. “Es un soporte clave para garantizar que cada caso se maneje con eficacia y humanidad”, señaló.
Impacto tangible: datos y aspiraciones
En la provincia de Málaga, durante 2024, se han realizado 638 autopsias, de las cuales el 37% correspondieron a muertes naturales sin indicios de criminalidad. Este porcentaje refleja la importancia de implementar medidas que minimicen estas intervenciones. Esperanza López, directora del IMLCF de Málaga, enfatizó que el ideal sería reducir estas autopsias al 20%, una meta que podría alcanzarse con la correcta ejecución del convenio.
Además, este acuerdo también busca aliviar las cargas administrativas para las familias, quienes en muchos casos deben enfrentarse a procesos judiciales incluso en situaciones sin sospechas de violencia.
Un nuevo enfoque progresivo
La implementación del convenio se hará en dos fases: primero en los servicios de emergencias y urgencias extrahospitalarias, y posteriormente en los servicios de urgencias hospitalarias. Este enfoque gradual permitirá a las instituciones adaptarse y garantizar que los procedimientos se lleven a cabo con la máxima eficacia desde el principio.
Para los asistentes al evento, incluidos representantes médicos y forenses, el acuerdo no solo optimiza el trabajo profesional, sino que refuerza el carácter humano de la atención sanitaria y judicial en Andalucía. Un cambio que, sin duda, será significativo tanto para los profesionales como para las familias que enfrentan el duelo.