En el tranquilo cementerio de Calp, donde los difuntos deberían descansar en paz, se ha tejido una trama de poder y vejaciones que ha estremecido a toda la comunidad. Este caso, protagonizado por Bernardo Moll, exconcejal del Partido Popular, alcanzó un nuevo capítulo tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que agrava su condena por incluir también un delito de acoso laboral contra una funcionaria.
Todo comenzó en 2019, cuando Moll ordenó exhumar los restos de un ciudadano alemán, Herman August Wilhelm Klatt, fallecido en 1973, para enterrar en su lugar a la abuela del jefe de Recursos Humanos del Ayuntamiento. Pese a la oposición firme de la funcionaria encargada del cementerio, que advirtió que el nicho estaba bajo concesión a perpetuidad, el edil insistió. “Hazlo sí o sí, no pongas puertas al campo”, llegó a exigirle, ignorando cualquier limitación legal. Finalmente, los restos fueron retirados y arrojados a una fosa común.
Sin embargo, la historia no termina con esta controvertida exhumación. Cuando la prensa local destapó el caso, el exedil, enfurecido, señaló a la funcionaria como responsable de la filtración y desató contra ella un hostigamiento continuo. Según la sentencia del TSJ, Moll profirió frases como “a ver cómo puteo a esta tía” o “ojalá siga de baja mucho más tiempo”. Estas expresiones, confirmadas por varios testigos, desencadenaron en la funcionaria un estado de estrés y problemas de salud que la llevaron a una baja laboral prolongada.
Aunque una sentencia previa de la Audiencia de Alicante había desestimado el delito de acoso laboral, el TSJ ha dado ahora la razón a la denunciante. Considera que los actos de Moll no fueron hechos aislados, sino parte de un hostigamiento reiterado, con un claro propósito de humillarla. Por ello, además de la condena inicial de nueve años de inhabilitación por prevaricación, se le han impuesto seis meses de prisión adicionales y la inhabilitación para cargos públicos durante ese tiempo.
El caso ha abierto una investigación más amplia. Recientemente, se descubrió una segunda exhumación irregular en el mismo cementerio: la tumba de una bebé francesa enterrada en 1973 fue vaciada para dar lugar a otro enterramiento. Ante estas revelaciones, el Ayuntamiento de Calp, ahora liderado por un gobierno socialista, ha impulsado una comisión de investigación.
El Partido Popular, sin embargo, se ha opuesto a esta medida, calificándola como una “caza de brujas”. Pero las sentencias judiciales y las pruebas apuntan a que este caso, lejos de ser una simple controversia política, refleja un abuso de poder que ha afectado tanto a los vivos como a los muertos en Calp.
La historia, más que un escándalo local, es un recordatorio de los límites que no se deben cruzar en la gestión pública.
