El cementerio de Bilbao oferta capillas y nichos desde 60.000 a 478 euros respectivamente

El Cementerio de Bilbao ofrece una variedad de opciones de enterramiento que van desde grandes capillas hasta nichos osarios de segunda, con precios que oscilan entre los 60.000 euros y los 478,4 euros respectivamente. Estos precios incluyen la concesión municipal y luego hay tarifas anuales por concepto de mantenimiento, que van desde 9,3 euros hasta 93 euros dependiendo del tipo de unidad.

En cuanto a la disponibilidad actual, según la página web de Bilbao Servicios, no hay grandes capillas ni grandes panteones disponibles, ni nichos urna ni nichos osarios de segunda. Sin embargo, se puede acceder a un panteón de primera por 18.000 euros o a un nicho osario de primera por 900 euros. Las existencias varían año tras año debido a que algunas licencias caducan y no se renuevan.

Las concesiones tienen diferentes duraciones dependiendo de cuándo fueron otorgadas y de los cambios en la legislación. Inicialmente eran de 99 años, pero se redujeron a 75 años y posteriormente a 50 años, siendo los nichos osarios los que tienen una duración más corta, limitada a 25 años.

En cuanto a la recaudación por las tasas de mantenimiento, Bilbao Servicios estimaba el año pasado una cantidad de 429.203 euros. Sin embargo, señalan que su objetivo no es simplemente recaudar dinero, sino también clarificar la situación de los titulares que no han abonado las tarifas. Esto se debe a que aunque no reciban el pago, aún tienen que pagar el IVA asociado a las facturas no cobradas, lo que resulta en una pérdida para la empresa. Por esta razón, es importante para ellos clarificar la situación de los titulares morosos.

Actualmente, Bilbao Servicios no ha proporcionado al Ayuntamiento la información sobre los titulares que han incurrido en impagos, pero señalan que el Ayuntamiento puede cobrar estas deudas de forma ejecutiva, con intereses por la demora. No obstante, enfatizan que su objetivo principal no es perseguir el cobro de deudas, sino más bien garantizar una gestión adecuada de los bienes públicos y clarificar la situación de los titulares morosos.