El Ayuntamiento de Barcelona suspende por un año que se establezcan nuevas funerarias en la ciudad
El Ayuntamiento de Barcelona decidió a primeros de julio suspender durante un año la implantación y ampliación de nuevos servicios funerarios en la ciudad para estudiar su adecuación en cada barrio, tras las protestas vecinales surgidas en algunos de ellos por la ubicación de nuevos tanatorios.
Según informó el Ayuntamiento, la moratoria no afecta a los servicios funerarios que ya han iniciado la tramitación de sus licencias. A través de un comunicado, el Consistorio informó que “había iniciado los trabajos para elaborar una normativa que establezca en qué suelos de equipamiento de la ciudad se podrá ubicar las actividades de servicios funerarios”.
El objetivo, según información del propio Ayuntamiento de Barcelona, es «definir condiciones urbanísticas para hacer compatible la implantación de este tipo de actividades con la necesidad de los barrios de disponer de los equipamientos básicos esenciales para el día a día del vecindario».
El gobierno de Ada Colau dice querer que los nuevos tanatorios, alguno de los cuales ha generado polémica, como el que se instalará en el barrio de Sants, en la antigua nave que albergaba un parque infantil de juegos, “puedan situarse en la ciudad en el marco de una estrategia global que tenga en cuenta las necesidades de los barrios».
En 2017, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó la actual Ordenanza de Servicios Funerarios, que reconoce el carácter de servicios de interés general de los servicios funerarios y la vigencia de los principios de universalidad, accesibilidad, continuidad y respeto de los derechos de los usuarios.
La ordenanza establece condiciones para la ubicación de estos servicios en Barcelona y concreta que deben ubicarse en equipamientos, en una determinada ubicación urbanística y que se configuren como una edificación independiente, en atención a las especiales circunstancias de movilidad, seguridad y tratamiento de las personas usuarias que concurren.
Desde entonces, la petición de diversas actividades de servicios funerarios en la ciudad han generado rechazo vecinal por el hecho de que se dedicaran equipamientos a este uso y no a otros de diferente tipo que los vecinos consideraban más necesarios o esenciales para el barrio.
Quienes gobiernan en el Ayuntamiento de Barcelona es la alcaldesa Ada Colau, que está al frente de un equipo de gobierno integrado por Barcelona en Comú y el PSC-PSOE y todos ellos plantean esta moratoria de un año para regular las condiciones urbanísticas que permitan implantar las actividades relacionadas con servicios funerarios, tanto desde el punto de vista del tipo de suelo en que deben ubicarse, como la densidad que deberían cumplir, o compatibilidad con otros usos, entre otros aspectos.
