Expedientan a 6 forenses del IML de Valencia por emitir y cobrar informes previos a incineraciones
Los servicios de inspección de la Generalitat Valenciana han abierto expediente informativo a seis médicos forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) de Valencia por hacer trabajos en el ámbito privado sin haber solicitado la compatibilidad para ello y a uno de ellos, además, por emitir y cobrar informes previos a incineraciones.
Esta información ha sido facilitada por la directora general de Justicia de la Generalitat, Verónica López, y la directora del IML de Valencia, Elvira Garrido, en el transcurso de una rueda de prensa celebrada en la Ciudad de la Justicia.
Estas posibles irregularidades, que podrían derivar en expedientes sancionadores, han sido detectadas a raíz de las quejas que dos trabajadores del IML presentaron en noviembre de 2016 por el reparto de las guardias.
El trabajo de los servicios de inspección concluyó un año después, en noviembre de 2017, con un informe en el que se plantean varias recomendaciones, entre ellas el recordatorio a los funcionarios que ejercen labores con cadáveres (judicializados) de que tienen prohibidas las prácticas privadas sobre los mismos.
Además, desde el 23 de noviembre el IML emite, de oficio y gratuitamente, los informes previos a los procesos de incineración por cuya emisión se había cobrado anteriormente (en la mayoría de los casos a compañías de seguros, unos 100 euros), cuya obligatoriedad ha dejado de reclamar el Ayuntamiento de Valencia y Sanidad estudiará para homogeneizar los trámites al respecto.
Los denunciantes de posibles irregularidades se consideraban perjudicados por un sistema territorializado de guardias, según López, quien ha destacado que los servicios de inspección «no tienen nada que objetar al respecto». Sin embargo, este sistema se modificó en agosto para que el médico que lo desee pueda solicitar el cambio de área geográfica.
«En aquella queja se hacia mención a una relación causal entre el sistema de guardias y la emisión de certificados previos a la incineración, pero la Inspección ha concluido que no existe tal relación», ha agregado.
Según la directora general, «antes del pasado 23 de noviembre nunca se expedían de oficio estos certificados respecto a cadáveres judicializados, y todos los forenses que, como actividad privada, los han expedido tenían una compatibilidad autorizada».
