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Actualizado: 24/04/2024
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El Ayuntamiento de Benidorm no pagó a su vencimiento la póliza del seguro de defunción de los funcionarios

El Ayuntamiento de Benidorm no pagó a su vencimiento la póliza del seguro de defunción de los funcionarios

El Ayuntamiento de Benidorm (provincia de Alicante) no abonó a su vencimiento el importe de una póliza de seguros que cubre el fallecimiento o invalidez de los funcionarios, ello ha abocado en una situación de incertidumbre entre las familias de varios funcionarios que han fallecido durante este año.

Así lo ha denunciado, ayer martes, el delegado sindical de CCOO, José María Solá, tras ser informado desde el departamento de Contratación de que la póliza se pagó el pasado mes de junio, pero su vencimiento era del 31 de diciembre del pasado año.

Se da la circunstancia de que este año han fallecido tres funcionarios del Ayuntamiento y otro más está a punto de pedir la invalidez. Según la póliza contratada por el Ayuntamiento, en el caso de muerte los familiares del fallecido perciben 20.000 euros, mientras que en el caso de invalidez permanente la cantidad asciende a 25.000 euros.

«Tras presentar toda la documentación necesaria hace tiempo, las familias siguen sin cobrar. Iban al Ayuntamiento y les daban largas», ha dicho Solá.

Ante esa situación, un familiar de uno de los funcionarios fallecidos decidió acudir a la compañía aseguradora, «la cual le explicó que la póliza no estaba en vigor porque el Ayuntamiento no la había pagado en la fecha de su vencimiento»

Tras tener conocimiento, Solá preguntó por ello en el departamento de Contratación, en donde le confirmaron que el pago se realizó en junio. «Pero aún no sabemos si la aseguradora va a pagar o no porque está fuera del plazo», ha señalado.

Los familiares de los funcionarios han confirmado al sindicato que denunciarán al Ayuntamiento para que se haga cargo del pago en el caso de que la compañía se niegue.

El Ayuntamiento de Benidorm abona anualmente 52.000 euros a la compañía por esta póliza de seguros, en un contrato de tres años que tiene validez hasta final de 2017.

Solá ha avanzado que llevará el asunto a la Junta de Personal y a la Mesa General de Negociación «para que se tenga en cuenta y no vuelva a pasar y para que haya un mayor control en el departamento de Contratación».

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