La modificación del PXOM servirá para regular la instalación de crematorios en el municipio pontevedrés

El Concello de Pontevedra ultima la tramitación de la modificación del PXOM que servirá para regular la instalación de crematorios en el municipio. El teniente de alcalde responsable de Urbanismo, Antón Louro (PSOE), ha confirmado que en las próximas semanas se resolverán las más de 700 alegaciones presentadas, e inmediatamente se remitirá el documento a la Xunta de Galicia, para su aprobación definitiva.

El asunto de las alegaciones ha llevado su tiempo, ya que el plazo de presentación se cerró en enero. Es decir, que han transcurrido nada menos que ocho meses para que el Concello se pronuncie sobre las trabas de los vecinos y del grupo municipal del PP, pese a que el grueso de las mismas se refiere a cuestiones medioambientales y estas son competencia exclusiva de la Xunta de Galicia.

Louro señaló que el Concello «quiere actuar con las máximas garantías» y que por eso se demoró tanto la contestación a las alegaciones. Estas han pasado ya el trámite administrativo y aun falta el dictamen de los ingenieros municipales, afirmó el teniente de alcalde.

En cualquier caso, Louro no espera que ese trámite se demore más allá de un mes, por lo que contando con la diligencia de la Xunta, que tiene tres meses para resolver, se espera que la normativa que impondrá una distancia de seguridad de 50 metros para la instalación de crematorios e impedirá su ubicación en suelo urbano, pueda entrar en vigor a finales de año.

Casualidad o no, se asemeja mucho al vaticinio que hizo el pasado jueves el subdirector general de Funespaña., José Vicente Aparicio, en una vista a Pontevedra: pedir licencia en cuanto se apruebe definitivamente la modificación puntual del PXOM para poder iniciar a principios de año las obras de su crematorio en San Mauro.

Louro también señaló que la firme voluntad de Funespaña de seguir adelante con el crematorio de San Mauro «no tiene que sorprender a nadie», ya que la empresa obtuvo licencia en el año 2009 y esta fue aprobada por unanimidad por los tres grupos de la corporación municipal (BNG, PSOE y PP), y la Xunta autorizó el proyecto, al que eximió de evaluación ambiental. «Funespaña puede hacer valer sus legítimos derechos, aprobados por el Concello y por la Xunta», insistió el teniente de alcalde.