Imputan por estafa al representante legal del cementerio Parque San Miguel en Riba-roja
Un juzgado de Llíria (Valencia) ha imputado al legal representante de la empresa propietaria del cementerio privado de la localidad valenciana de Riba-roja ‘Parque San Jaime’ en una causa abierta por un posible delito de estafa, por supuestamente ocultar a los dueños de sepulturas, criptas, panteones u otros servicios ofertados, que son copropietarios del terreno, su concurso voluntario de acreedores.
Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la titular del juzgado acuerda abrir diligencias previas para averiguar la identidad y circunstancias de las personas responsables del presunto delito y «la realidad de los hechos sucedidos», tal y como expone en su escrito.
En este contexto, ha citado a declarar en junio, en calidad de imputado, al legal representante del Grupo de Empresas Torsisa S.L., propietaria del 99,08 por ciento de la finca destinada al cementerio, y dueña de otro edificio que contiene las instalaciones que dan servicio a este camposanto —zona de morgue y velatorios, tanatorio, horno crematorio, sacristía, sala confesional, sala de autopsias y cámaras frigoríficas—.
Así mismo, tendrá que personarse en el juzgado la denunciante, representada por la abogada Ana Mejías, para ratificar su denuncia. El ministerio fiscal se mostró favorable a que se abriera una investigación judicial al respecto, al entender que los hechos pudieran, de forma indiciaria, tener trascendencia penal por poder constituir delito de estafa. La causa se inició a raíz de la denuncia interpuesta el pasado mes de enero por una familia por presunta estafa contra la mercantil Grupo de Empresas Torsisa S.L.
El cementerio funciona sobre la base de cotitularidades dominicales, de manera que con la compra de cualquier servicio de enterramiento se adquiere una cuota de copropiedad sobre la finca matriz, que queda segregada como titularidad independiente. Es decir, que los propietarios de los nichos, panteones y demás propiedades adquiridas en la condición de elementos privativos cuentan con el derecho de aprovechamiento de la zona o espacio. Pese a ser cotitulares del terreno, a los propietarios de nichos o panteones —según se denunció— no se les ha informado desde la empresa del concurso de acreedores en el que se hallaba inmersa y, además, seguía ofreciendo sus servicios a nuevos clientes.
Así, se encuentran en situación de indefensión y con el riesgo de que una vez liquidada la empresa, el cementerio puede quedar abandonado si ningún comprador asume la deuda. Concurso y liquidación Paralelamente a este proceso por vía penal, el juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia ha aprobado el plan de liquidación de la empresa propietaria del cementerio, que entró hace unos meses en concurso de acreedores.
En el plan de liquidación de la empresa se indicaba que ésta posee los terrenos del ‘Parque San Jaime’ respecto de los que existen dos hipotecas —por un importe total de 1.175.000 euros—, y en dos ocasiones se valora el Mobiliario del Parque, lo que determina que bienes tales como las camillas, hornos crematorios, despachos, material de autopsias, etc, entran dentro de la liquidación del concurso, dejando por consiguiente carentes de cualquier recurso para proceder al enterramiento de cualquiera de los familiares propietarios del cementerio.
Por lo tanto, la familia entiende que tras la liquidación de la empresa, y salvo que exista comprador dispuesto a asumir la deuda, el cementerio «se encuentra abocado al más absoluto de los abandonos, con el riesgo que ello pueda conllevar para la salud pública ante una falta de mantenimiento y conservación del parque, más si tenemos en cuenta que un cementerio abandonado puede ser objeto de actos vandálicos», según se indicaba en su denuncia.
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