Actualizado: 13/12/2017
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Los responsables de la funeraria Torra han declarado como imputados por la trama de corrupción

Los responsables de la funeraria Torra han declarado como imputados por la trama de corrupción

Vía: Elfunerario.com / Agencias

Los dos responsables de la funeraria Torra que han declarado este sábado como imputados por la supuesta trama de corrupción con epicentro en Sabadell han asegurado al juez que el exconcejal y exmilitante del PP, Jordi Soriano, les “recomendó” conceder las obras del cementerio a la empresa constructora de uno de los detenidos de la trama.

Así lo ha explicado a la salida de los Juzgados de Sabadell Jordi Pina, el abogado de los dos responsables de la funeraria imputados, Alfons I.R. y Xavier P.T., tras su declaración ante el juez, y ha negado que Soriano reclamara a sus defendidos pago alguno por la gestión de las obras.

La funeraria tenía la concesión para gestionar el cementerio y esta, a su vez, subcontrató las obras del mismo a la empresa Terrassa Constrensnius, cuyo gerente es Rafael R., uno de los 12 detenidos por los Mossos d’Esquadra este martes tras las entradas y registros que llevaron a cabo en instituciones públicas y privadas, entre ellas la sede de su empresa.

Según la versión de los responsables de la funeraria, fue Soriano –detenido también por su presunta participación en la trama– quien “recomendó” a la funeraria conceder estas obras a la empresa de Rafael R.

Alfons I.R. y Xavier P.T., –imputados por delitos de falsedad documental, soborno y contra la administración pública– han declarado alrededor de una hora cada uno ante el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Sabadell y el fiscal Anticorrupción Fernando Bermejo.

En este tiempo ante el juez, han escuchado las llamadas telefónicas ‘pinchadas’ entre Soriano y los dos responsables de la funeraria, que también le han presentado el contrato de concesión administrativa otorgada por el Ayuntamiento en 2010.

La supuesta trama de corrupción destapada en la ‘operación Mercurio’ tiene como epicentro el Ayuntamiento de Sabadell y, según las primeras investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, los políticos implicados pudieron obligar a pagar 120.000 euros a las empresas para optar con garantías al concurso de concesiones y un 3% una vez la obra era adjudicada.

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