La historia comienza con una familia que, en 2022, buscaba cumplir con las tradiciones musulmanas al enterrar a su ser querido en Viladecans, un municipio del Baix Llobregat. Sin embargo, el Ayuntamiento les cerró las puertas, alegando que no había suficiente espacio. Esta negativa desencadenó un proceso legal que ha mantenido en vilo a muchos, hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) intervino.
El 30 de septiembre, el TSJC emitió una sentencia que anuló las resoluciones del consistorio viladecanense. Según el tribunal, la falta de justificación para negar el espacio religioso en el cementerio podría vulnerar la libertad religiosa. El fallo fue un eco de esperanza para la familia que había llevado el caso a los tribunales, después de que su petición original fuera rechazada por ocupar «demasiado espacio» al requerir un entierro en tierra orientado hacia La Meca, en lugar de un nicho común.
Los argumentos del Ayuntamiento, que aseguraban la falta de espacio, fueron desestimados por el TSJC. El tribunal señaló que el consistorio no había proporcionado información suficiente sobre la extensión y características del cementerio para justificar su decisión. Como resultado, el Ayuntamiento ahora está obligado a retroceder en el procedimiento y aportar informes urbanísticos e hidrogeológicos que demuestren la viabilidad de las sepulturas islámicas.
A pesar del fallo, el Ayuntamiento se mantiene firme en su postura. Ha anunciado que cumplirá con el mandato judicial, pero también explorará la posibilidad de recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo. Mientras tanto, ha recordado que en la comarca existe el cementerio de Roques Blanques, en el Papiol, que sí está habilitado para ritos musulmanes, aunque esta alternativa fue rechazada por la familia afectada.
El caso llegó a los tribunales después de que el juzgado contencioso administrativo número 3 de Barcelona fallara a favor del Ayuntamiento en primera instancia. No obstante, para el TSJC, dicho fallo no abordó adecuadamente la cuestión de la libertad religiosa denunciada por la familia. Aunque el tribunal superior ha rechazado reconocer una situación jurídica individualizada para los demandantes, la historia no termina aquí.
El Ayuntamiento de Viladecans, como muchos otros en la región, carece de espacios designados para confesiones que requieren ritos especiales. Esta situación ha abierto un debate más amplio sobre la inclusión y el respeto a la diversidad religiosa en las prácticas funerarias, un asunto que seguirá resonando en la comunidad mientras se espera una resolución definitiva.