En el tranquilo ambiente del Panteón Francés de San Joaquín, ubicado en la calzada Legaria de la Ciudad de México, los días transcurren entre el susurro de los cipreses y la majestuosa presencia de mausoleos que guardan los restos de personajes ilustres. Sin embargo, la tarde del 19 de julio de 2023, el aire de solemnidad se rompió con la súbita carrera de un trabajador del cementerio. Con una mochila al hombro y la mirada nerviosa, el hombre llamó la atención de los policías Faustino Gayoso Blanco y Héctor Rojas González, quienes vigilaban el acceso principal de este recinto.
El trabajador, al percatarse de la presencia policial, decidió arrojar la mochila dentro de un camión de volteo estacionado y emprendió una carrera desesperada. Lo que los oficiales encontraron en el interior de la mochila dejó a todos atónitos: dos cráneos humanos, aún con restos de tierra y raíces adheridas. Esta escena, que parecía sacada de una novela de misterio, era apenas el inicio de una investigación que revelaría un oscuro patrón de profanación en los cementerios de la capital mexicana.
En los años que siguieron, las autoridades capitalinas detuvieron a al menos 26 personas por delitos relacionados con la exhumación y profanación de restos humanos. Estos incidentes, que se incrementaron entre 2020 y 2024, muestran un preocupante aumento en la actividad delictiva en los cementerios, donde los restos humanos son sustraídos para rituales de magia negra y santería.
El caso del trabajador del Panteón Francés no fue aislado. En el Panteón Civil San Nicolás Tolentino, también en la Ciudad de México, se registraron incidentes similares. En uno de ellos, cuatro personas fueron sorprendidas con huesos humanos que planeaban utilizar en ceremonias de Palo Mayombe, un ritual de santería que utiliza restos humanos como amuletos de protección.
Ante el creciente número de incidentes, en 2022 el Congreso local reformó el Código Penal para endurecer las penas por profanación de tumbas y tráfico de restos humanos. Las nuevas disposiciones legales buscan frenar estas prácticas, con castigos que pueden llegar hasta los siete años de prisión para los responsables.
El caso del bebé Tadeo, exhumado y transportado hasta un penal en Puebla, encendió las alarmas y motivó la implementación de nuevas medidas de seguridad en los cementerios de la ciudad. Estas incluyen la instalación de cámaras de vigilancia y la imposición de penas más severas para quienes se dedican a la comercialización de restos humanos.
Con estas acciones, las autoridades esperan detener la profanación de tumbas y preservar la paz en los lugares de descanso eterno, restaurando el respeto y la dignidad que merecen los fallecidos y sus familias.