El Gobierno de Aragón ha iniciado una investigación contra Mémora, la empresa concesionaria del complejo funerario de Torrero, ante posibles indicios de abuso de posición dominante. Esta medida sigue a las quejas de pequeñas y medianas funerarias de Zaragoza, quienes han manifestado su preocupación por el encarecimiento de servicios, restricciones de acceso y dificultades operativas bajo el nuevo modelo de gestión.
Aunque el expediente sancionador está en sus etapas iniciales, el Gobierno de Aragón advierte que aún es prematuro hablar de sanciones, ya que no se ha confirmado ninguna infracción. El proceso determinará si las acciones de Mémora constituyen un abuso de posición dominante. El PSOE de Zaragoza ha destacado que entre las prácticas investigadas están la prohibición a funerarias externas, compras obligatorias y aumentos de tarifas, como el incremento de la sala velatorio estándar de 488 a 878 euros.
Mémora gestiona Torrero bajo una concesión de 30 años otorgada por el Ayuntamiento de Zaragoza, que incluye inversiones de 7.7 millones de euros y la expansión de las instalaciones. La concesionaria también pagó un canon anticipado de 6.5 millones de euros y debe entregar un canon anual del 10% de sus ingresos netos. La gestión ha sido criticada desde principios de año, con funerarias locales denunciando las subidas de precios y restricciones que afectan a las familias de Zaragoza.
El PSOE ha pedido explicaciones al Gobierno de Natalia Chueca por la concesión a Mémora, argumentando que el Ayuntamiento no puede desvincularse de las dificultades generadas. La concejal socialista Ros Cihuelo ha afirmado que las advertencias sobre el modelo de Torrero no eran exageradas y ha instado al Gobierno del PP a intervenir para proteger el interés general. También han solicitado que el Ayuntamiento colabore con la investigación y proporcione detalles sobre los controles realizados desde el inicio de la concesión.