En el corazón de Alcaraz, un pequeño municipio de Castilla-La Mancha, un inmueble situado en la calle Historiador Marco Hidalgo, número 32, se ha convertido en el epicentro de una batalla legal que ha enfrentado al Ayuntamiento con una empresa funeraria. Todo comenzó cuando la funeraria solicitó las licencias urbanísticas necesarias para construir un velatorio en dicho lugar. Sin embargo, el Ayuntamiento de Alcaraz rechazó la solicitud, argumentando que las normas urbanísticas del municipio no contemplaban específicamente los servicios funerarios.
El Pleno municipal ratificó esta decisión, suspendiendo temporalmente el otorgamiento de licencias relacionadas con servicios funerarios mientras se estudiaba una modificación de las normas urbanísticas. No obstante, la empresa funeraria no se dio por vencida y llevó el caso a los tribunales. En febrero de 2023, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Albacete dio la razón a la empresa, anulando las decisiones municipales y ordenando al Ayuntamiento tramitar las licencias solicitadas.
El Ayuntamiento, en su defensa, sostenía que un velatorio no podía considerarse parte de los usos sanitario-asistenciales permitidos en esa zona, y que los servicios funerarios requerían una regulación específica. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha no compartió esta interpretación. La Sala determinó que un velatorio sin crematorio no es una actividad industrial, sino asistencial y sanitaria, permitida por el planeamiento urbanístico vigente.
La sentencia del Tribunal Superior, fechada el 9 de junio de 2026, reafirma el fallo anterior, desestimando el recurso del Ayuntamiento y obligándolo a tramitar las licencias conforme a la normativa vigente cuando fueron presentadas. Además, el tribunal anuló la suspensión de licencias funerarias, al considerar que el velatorio se encuadra en un uso urbanístico permitido.
El conflicto también implicó una sucesión empresarial, ya que Funeraria Salas S.L., inicialmente involucrada, fue absorbida por Funeraria Albacete S.L., que continuó el proceso legal. Ahora, el Ayuntamiento de Alcaraz se enfrenta a la obligación de resolver las licencias sin recurrir a motivos que los tribunales han declarado improcedentes.
Este caso sienta un precedente importante sobre la interpretación de las normas urbanísticas y la potestad municipal en la regulación de servicios específicos. Aunque el Ayuntamiento mantiene el derecho de modificar sus normas para el futuro, deberá hacerlo respetando las solicitudes ya presentadas y conforme a la normativa vigente en ese momento. La sentencia también impone al Ayuntamiento el pago de las costas del proceso, aunque estas están limitadas a un máximo de 1.500 euros en honorarios de abogado.
Finalmente, aunque el camino ha sido largo y lleno de obstáculos, el proyecto del velatorio en Alcaraz avanza, demostrando una vez más que la justicia puede trazar un camino claro en medio de complejas disputas legales y administrativas.