Un aviso puede llegar a cualquier hora. A medianoche, durante un festivo o cuando los vehículos y los trabajadores de una funeraria ya están atendiendo otros servicios. Hay que desplazarse hasta una vivienda, una carretera o un lugar bajo investigación judicial, recoger el cadáver y trasladarlo al centro forense correspondiente. En ocasiones, además, es necesario esperar la llegada del forense, de la autoridad judicial o de las fuerzas de seguridad.
Esta realidad, poco visible para la ciudadanía, se encuentra en el centro del conflicto abierto entre la Xunta de Galicia y las empresas funerarias por el transporte judicial de cadáveres. La nueva licitación promovida por la Administración gallega para cubrir las cuatro provincias ha quedado desierta después de que ninguna compañía aceptase las condiciones planteadas.
El resultado resulta especialmente llamativo porque se produce mientras parte del sector está siendo observado por el modo en que varias empresas concurrieron agrupadas a anteriores contratos públicos relacionados con los traslados al Instituto de Medicina Legal de Galicia. Lo que desde fuera podía parecer una reducción de la competencia se enfrenta ahora a una pregunta mucho más práctica: ¿puede una sola empresa garantizar por sí misma este servicio en un territorio tan amplio?
La Xunta presentó en mayo un nuevo modelo de contratación, pese a que el acuerdo anterior todavía tenía dos años de vigencia. Una de las principales novedades consistía en ampliar las zonas de cobertura. En lugar de distribuir el trabajo entre diferentes concesionarias responsables de áreas más pequeñas, el nuevo sistema obligaba a cubrir provincias completas.
Las empresas rechazaron participar. Según el presidente de la Asociación Gallega de Empresas de Servicios Funerarios, José Becerra, las condiciones económicas y operativas hacían inviable el contrato. Cubrir una provincia entera implica recorridos más largos, mayores tiempos de respuesta y la necesidad de mantener permanentemente disponibles vehículos y trabajadores, aunque resulte imposible saber cuántos avisos se producirán o cuándo llegarán.
La negativa unánime introduce un matiz importante en el debate sobre la competencia. En contratos anteriores, algunas compañías optaron por presentarse mediante uniones temporales de empresas. Esa fórmula despertó sospechas sobre una posible limitación del mercado, especialmente cuando apenas existían ofertas alternativas. Sin embargo, las funerarias sostienen que no se agruparon para repartirse el trabajo o impedir la entrada de competidores, sino para poder prestar el servicio con garantías.
Su explicación parte de una situación habitual. Una empresa local puede recibir un traslado judicial mientras atiende varios servicios funerarios contratados por familias. Si trabaja sola, debe reservar personal y vehículos para una emergencia que quizá no se produzca, o arriesgarse a no disponer de medios cuando llegue el aviso. Al colaborar con otros operadores, puede repartir guardias, ampliar la cobertura y responder ante varios servicios simultáneos.
Las empresas también niegan que estos contratos les proporcionen una posición privilegiada para captar clientes. El traslado judicial termina, según explican, cuando el cadáver llega al centro forense y se completa la prestación encomendada por la Administración. Después, la familia mantiene la libertad de elegir la funeraria que organizará el funeral, generalmente de acuerdo con su seguro de decesos o con sus preferencias.
El otro gran punto de fricción es el precio. Las compañías argumentan que los importes máximos de los contratos no han aumentado al mismo ritmo que los salarios, el combustible, los seguros, los vehículos y el resto de los gastos estructurales. La documentación económica incorporada a los procedimientos refleja incrementos relevantes en los costes medios de desplazamiento entre 2020 y 2024. Por ello, sostienen que presentar ofertas sin rebajas no demuestra necesariamente la existencia de un acuerdo entre competidores: también puede significar que apenas existe margen para reducir el precio.
Desde el punto de vista empresarial, existe además una contradicción difícil de ignorar. Las agrupaciones fueron examinadas durante los procedimientos de contratación y, después de que las compañías justificasen su necesidad operativa, los contratos continuaron adelante. Las empresas consideran problemático que una fórmula admitida entonces pueda utilizarse posteriormente como indicio de una infracción sin pruebas claras de reparto del mercado, coordinación de precios o intercambio ilícito de información.
La Xunta, por su parte, defiende que la nueva distribución provincial permitiría coordinar mejor los traslados y aplicar los protocolos de forma más homogénea. También asegura estar dispuesta a estudiar las propuestas del sector mediante los cauces legales correspondientes.
Mientras se busca una solución, el servicio continúa funcionando con las condiciones anteriores. Las funerarias reclaman conservar la actual división territorial o elevar las compensaciones si finalmente deben responsabilizarse de provincias enteras.
El conflicto no elimina la necesidad de vigilar la competencia, especialmente en un sector con barreras de entrada y una creciente concentración empresarial. Pero la licitación desierta demuestra que el problema no puede analizarse únicamente contando ofertas o empresas agrupadas. En cierto modo el hecho de que esta licitación haya quedado desierta tras los precedentes ha dejado muy claro que tanto el precio como la solución que estas empresas ofrecían en primera instancia era la única posible, y que lanzar sobre ellas el peso de la sospecha y una demoledora demanda probablemente haya sido fruto de la falta de criterio y el exceso de celo.
Sobre el papel se contratan traslados; en la práctica se contratan guardias, kilómetros, esperas y capacidad de respuesta ante una tragedia. Y esa diferencia, que parecía secundaria, ha terminado dejando a la Xunta sin una sola oferta, y a los únicos profesionales capaces de cubrirla de manera efectiva que ya dieron en su día la fórmula adecuada, demandados posiblemente de forma injusta como el tiempo y los hechos están demostrando.