En Galicia, un sector que ha permanecido bajo el radar de muchos está ahora bajo un escrutinio exhaustivo: los servicios funerarios. La Comisión Galega da Competencia ha iniciado dos investigaciones ante la sospecha de prácticas monopolísticas dentro de este ámbito. El foco se centra en el contrato de la Consellería de Presidencia e Xustiza de abril de 2024 para el traslado de cadáveres al Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga). Dos uniones temporales de empresas (UTE) son el centro de atención, siendo las únicas participantes en la licitación para las áreas de Vigo y Pontevedra, así como en Santiago. La mesa de contratación había señalado esta situación, y tras un análisis preliminar, la comisión concluyó que las UTEs podrían estar eliminando la competencia.
Las UTEs en cuestión, formadas por Pompas Fúnebres de Arosa y Pompas Fúnebres del Atlántico, intentaron impugnar el expediente sin éxito. La resolución sostiene que la capacidad material y económica de estas empresas podría haberles permitido competir individualmente, sugiriendo que las alianzas no eran necesarias. Esta situación es solo una parte de un problema más amplio que la Comisión ha identificado en su reciente monográfico sobre el sector funerario.
El documento revela que, a pesar de la liberalización de la actividad funeraria hace dos décadas, el mercado sigue siendo altamente concentrado. Las barreras de entrada y la integración vertical con aseguradoras de decesos son preocupaciones significativas. Tanatorios y crematorios, por su naturaleza difícil de replicar, otorgan a sus operadores una ventaja competitiva que puede resultar en el cierre del mercado a nuevos participantes.
En el ámbito territorial, el sector funerario gallego muestra una combinación de iniciativas privadas y públicas. En provincias como Pontevedra, grandes corporaciones conviven con empresas locales, mientras que en A Coruña, ciertas compañías dominan claramente el mercado. Lugo y Ourense presentan una mezcla de redes privadas y comunitarias, respectivamente, con Ourense destacando por su densa red de velatorios vecinales.
La competencia en el sector se ve aún más restringida en el caso de los crematorios, donde las inversiones requeridas y las normativas ambientales actúan como barreras adicionales, creando un «cuello de botella» en el servicio de incineración. Las recomendaciones de la Comisión Galega da Competencia instan a los concellos a jugar un papel activo para equilibrar la situación, sugiriendo que las restricciones actuales no son solo resultado de prácticas ilegales, sino también de la estructura del mercado y las regulaciones locales.
Para muchos ciudadanos, especialmente aquellos en zonas rurales, la falta de opciones competitivas significa depender de pequeñas empresas familiares o de la gestión comunitaria, que si bien es más económica, a menudo carece de servicios completos como la cremación. Así, el sistema actual podría estar restringiendo la libertad real de elección en momentos de gran vulnerabilidad personal.