En 2021 irrumpió en la escena pública el Observatorio de los Servicios Funerarios (OSF), una plataforma de asesoramiento y consulta concebida como un espacio de reflexión (think tank). Su misión declarada era ambiciosa: analizar las necesidades de las familias, proporcionar a las empresas herramientas para mejorar, profesionalizar y humanizar sus servicios, y promover una transformación del sector basada en la sostenibilidad, la formación y una mayor orientación al ciudadano. En definitiva, pretendía impulsar el debate, generar conocimiento y contribuir a la evolución de la actividad funeraria en beneficio de las familias.
Sin embargo, cinco años después de aquella declaración de intenciones, resulta legítimo preguntarse cuál ha sido la aportación real del Observatorio y hasta qué punto ha logrado materializar los objetivos que justificaron su creación.
Desde su fundación, la actividad del OSF se ha centrado principalmente en la organización de jornadas, encuentros y debates nada incómodos, cuya utilidad práctica resulta discutible. Más allá de los mensajes institucionales y de una presencia mediática intermitente, su capacidad para impulsar cambios significativos o señalar las disfunciones del sector ha sido, cuando menos, limitada. A día de hoy, resulta complicado señalar logros tangibles, reformas regulatorias, mejoras operativas o iniciativas transformadoras impulsadas por la plataforma que permitan valorar su impacto real. Un lustro después de su nacimiento, el balance arroja más interrogantes que certezas. La impresión que transmite es la de una organización con una incidencia limitada sobre la realidad del sector funerario y cuya aportación efectiva sigue siendo difícil de identificar.
La creación de un observatorio vinculado al sector funerario solo tiene sentido si nace con la voluntad de aportar ideas y propuestas, impulsar cambios, diagnosticar problemas, corregir deficiencias, denunciar malas prácticas y promover mejoras que beneficien al conjunto del sector y, muy especialmente, a las familias que contratan estos servicios. No debe olvidarse que se trata de prestaciones con un elevado coste económico y sujetas a un IVA del 21 %.
Cabe recordar que, en su manifiesto fundacional, el OSF situó a las familias en el centro de su actuación. Sin embargo, las familias españolas continúan enfrentándose a los mismos problemas económicos y burocráticos de siempre, sin que se hayan producido avances significativos que alivien esta situación.
Buena parte del discurso y de las iniciativas impulsadas por el OSF se han centrado, según mi criterio, en debates estériles y en la defensa de principios que el conjunto del sector empresarial ya asumía y compartía desde hace años. Sin embargo, han evitado abordar debates abiertos, con los que realmente podría justificar su existencia y aportar valor añadido. Entre estas cuestiones, considero especialmente relevante la necesidad de avanzar hacia un marco normativo unificado para todo el territorio nacional, reducir la carga fiscal que soportan las familias, promover una mayor transparencia en el sector funerario y reflexionar sobre la forma en que se gestiona la muerte en España. Asimismo, resulta oportuno analizar los efectos de la creciente concentración empresarial, la defensa de la libre competencia, en definitiva, estas iniciativas y otras muchas, pueden contribuir a impulsar un debate necesario sobre cuestiones de interés general de especial relevancia para la comunidad.
Conviene subrayar que esta crítica no cuestiona la solvencia profesional ni la trayectoria de los integrantes de su Consejo Asesor de Expertos, ni tampoco la de las empresas colaboradoras o patrocinadoras. Lo que se pone en cuestión es la capacidad del Observatorio de los Servicios Funerarios para cumplir la misión que justificó su nacimiento. Se trata de una plataforma encorsetada, ya que cuenta con el respaldo de patrocinios corporativos, alianzas estratégicas y recursos procedentes tanto de empresas adheridas como de otras entidades vinculadas al sector funerario. Esta circunstancia constituye, sin duda, un verdadero dilema.
Las organizaciones no se legitiman por lo que dicen defender, sino por lo que consiguen transformar. Sus resultados, su capacidad para impulsar cambios y su disposición a afrontar los problemas del sector son actitudes que determinan su verdadera relevancia. Por el contrario, el Observatorio ha optado por una posición mucho más cómoda: integrarse plenamente en el ecosistema que debía analizar y fiscalizar. Cuando una organización concebida para observar con independencia y espíritu crítico acaba formando parte de aquello que debía escrutar, deja de ser útil para la sociedad, aunque gane aceptación dentro del sector. Porque la función de un observatorio no es integrarse en el paisaje, sino señalar sus sombras; no se trata de buscar aplausos entre los funerarios, sino cuestionarse, por qué hay preguntas que nadie quiere responder. Y cuando las preguntas desaparecen, lo que queda ya no es un observatorio: es simplemente un espejo que devuelve una imagen complaciente de quienes se miran en él.
AUTOR: Roberto Durán Fuguet / Mail: rdurandf971@gmail.com