En un juicio que ha capturado la atención de Valladolid, las hijas de Ignacio Morchón Alonso, Laura y María del Rosario, han declarado su desvinculación de la gestión de la funeraria El Salvador, involucrada en el presunto cambiazo de ataúdes. Este caso, que se remonta a prácticas fraudulentas entre 1995 y 2015, ha puesto en el ojo del huracán a una de las funerarias más conocidas de la región.
Durante la sesión, las hermanas aseguraron que su padre, incluso tras su jubilación, era quien tomaba las decisiones en la empresa. Laura, que trabajó como «correturnos» para el personal de recepción, enfatizó su nula participación en la compra de féretros y en la gestión del crematorio. Por su parte, María del Rosario, apoderada de la funeraria, también negó tener conocimientos sobre contabilidad o haber estado involucrada en la supuesta práctica ilícita.
La Fiscalía solicita penas que superan los 200 años de cárcel para los implicados, basándose en el supuesto cambio de ataúdes por otros de menor valor. Las máximas condenas recaen sobre la viuda de Morchón y sus hijos, quienes enfrentan cada uno 20 años de prisión. Sin embargo, tanto Laura como María del Rosario insistieron en que su padre manejaba las finanzas y decisiones de la funeraria, lo que explicaría la considerable cantidad de dinero en efectivo encontrada en la residencia familiar.
Además, durante el juicio, José Antonio Morchón, hermano del empresario y trabajador del grupo, negó haber presenciado el cambiazo de ataúdes. Explicó que las anotaciones en una libreta, realizadas por Justo Martín, extrabajador y principal testigo, podrían ser una «trampa» para involucrar a la familia en el caso.
El proceso judicial ha visto desfilar a numerosos trabajadores y extrabajadores, quienes han mantenido su inocencia y afirmaron desconocer cualquier actividad ilícita. Algunos sugirieron que las acusaciones de Justo Martín podrían estar motivadas por problemas personales o laborales.
El caso también ha sido testigo de la declaración de otros involucrados, como Victorio S, propietario de una empresa que vendía féretros a El Salvador. Negó participar en un delito de blanqueo de capitales, afirmando que las transacciones se realizaban de manera legítima.
La tensión continúa creciendo en torno a este juicio, que no solo afecta a la familia Morchón, sino también a la reputación de un sector que enfrenta el escrutinio público. Mientras la justicia sigue su curso, el caso de la funeraria El Salvador plantea interrogantes sobre la ética y la transparencia en el negocio funerario, dejando a la comunidad expectante sobre el desenlace de este complejo caso.