Lo que debía ser un último adiós terminó convertido en una escena difícil de imaginar. Dos familias acudieron al tanatorio para despedir a sus seres queridos. Buscaban consuelo, cierre, un momento íntimo tras la pérdida. Lo que encontraron, según la denuncia presentada, fue una cadena de errores que ayer llegó a los tribunales.
Una asociación del sector funerario, Esfune, ha interpuesto una querella penal contra las funerarias catalanas Torra y Truyols por una presunta confusión entre dos fallecidos ocurrida en enero en el Hospital Parc Taulí de Sabadell, de la cual ya nos hicimos eco en su día. El escrito ya ha sido aceptado formalmente por los juzgados, aunque todavía debe decidirse si se admite a trámite o se archiva.
Los hechos relatados dibujan una negligencia especialmente grave por el contexto en el que se produce: el momento de máxima vulnerabilidad de cualquier familia. Dos personas fallecieron con escasa diferencia de tiempo. Una debía ser gestionada por Funeraria Torra, de Sabadell. La otra, por Truyols, al tratarse de un vecino de Cerdanyola del Vallès. Pero algo falló en la cadena de identificación y, presuntamente, cada empresa retiró al difunto que no le correspondía.
La consecuencia fue devastadora. La familia del fallecido de Cerdanyola veló y enterró a una persona que no era su familiar. Según ha trascendido, algunos allegados detectaron rasgos extraños durante la despedida. La explicación que recibieron habría sido que el aspecto respondía a un tratamiento estético post mortem deficiente. Es decir: se normalizó lo que debió encender todas las alarmas.
Mientras tanto, la otra familia descubrió la verdad al acudir al velatorio en Sabadell. El cuerpo expuesto no era el de su ser querido. A partir de ahí, se habría confirmado la confusión y comenzado una carrera contrarreloj para corregir lo irreparable: exhumar al fallecido enterrado por error apenas 24 horas después y trasladar ambos cuerpos a su destino correcto.
Es difícil exagerar el impacto humano de una situación así. Cuando una familia entra en contacto con una funeraria deposita algo más que dinero o documentación: entrega confianza absoluta. Confía en que se respetará la identidad, la dignidad y la memoria de la persona fallecida. Si ese mínimo falla, no hablamos solo de un error administrativo. Hablamos de una quiebra ética profunda.
Esfune sostiene que podrían existir hasta diez posibles infracciones penales o administrativas relacionadas con la gestión posterior del caso, incluida la exhumación. Será la justicia quien determine si hay responsabilidades reales o no. Conviene subrayarlo: por ahora son acusaciones pendientes de valoración judicial.
Desde Funeraria Torra, según las informaciones publicadas, aseguran no haber recibido requerimiento judicial y atribuyen lo sucedido a un “error humano”. Una explicación que, lejos de cerrar el asunto, abre otra pregunta incómoda: si un servicio tan delicado depende de procesos donde basta un fallo humano para desencadenar semejante desastre, ¿están funcionando los controles que deberían proteger a las familias?
Porque nadie está preparado para perder a un ser querido. Pero mucho menos para descubrir que también le han fallado después de morir. Y esa herida, a diferencia del trámite funerario, no se cierra en 24 horas.