La Junta Directiva de PANASEF, la Asociación Nacional de Servicios Funerarios, nombró el pasado 5 de noviembre de 2025 a Lorena Sánchez Garraza como presidenta. No se trata de una recién llegada: forma parte de la Junta de Gobierno desde 2017 y dirige, además, el Grupo Tanatorios Irache. La acompañan como vicepresidentes Francisco Enríquez San Nicolás, presidente de TdCO, y Josep Ventura Ustrell, consejero delegado de Áltima Serveis Funeraris.
Al asumir el cargo, Sánchez apeló en la web oficial de PANASEF a la obligación de “velar por los intereses de los asociados, profesionales y familias” y reivindicó “trabajar en aquello que nos une”, esto es, “ofrecer el mejor servicio a la sociedad”. Declaraciones impecables en la forma, pero vacías si no van acompañadas de una primera decisión importante: abrir un debate real, inclusivo y plural sobre cómo se gestiona la muerte en España. Si su objetivo, como dice, es proteger a familias y profesionales, lo lógico sería escuchar todas las sensibilidades, también las menos cómodas.
Sin embargo, la trayectoria de la patronal invita más a la cautela que al optimismo. Las últimas presidencias se han limitado a preservar intacto un statu quo que favorece a los grandes operadores. La pretendida “apertura” exhibida hacia el exterior no ha sido más que un recurso retórico, una cortina de humo que permite ocultar las disfunciones estructurales del sector. La realidad es que poco o nada ha cambiado, y cuesta pensar que vaya a hacerlo mientras las principales funerarias continúen monopolizando la dirección de la patronal. Ese doble rol dificulta cualquier reforma profunda. Como ya apunté en un artículo anterior, la concentración creciente del mercado funerario solo agrava la falta de transparencia. Por ello, convendría que desde PANASEF se respondiera —de forma clara y sin evasivas— a cuestiones que llevan demasiado tiempo solapadas.
.- ¿Qué medidas piensan impulsar para combatir la opacidad que sigue lastrando al sector funerario?
.- ¿Cómo abordarán la concentración empresarial que reduce la competencia y encarece los servicios?
.- ¿Qué iniciativas propondrán para proteger a los usuarios frente a prácticas tarifarias discriminatorias u otras conductas poco éticas?
.- ¿Están dispuestos a promover una auditoría independiente que examine las prácticas del sector?
.- ¿Defienden un modelo que avance hacia un oligopolio en el que unas pocas funerarias controlen la práctica totalidad la oferta?
La nueva dirección de PANASEF hereda una situación compleja, fruto de años de inmovilismo que han condicionado tanto el presente como el porvenir de la actividad funeraria en España. Las tensiones son evidentes: mientras el sector insiste en su autocomplacencia, la sociedad busca su propio camino. No es casual que tantas familias consideren incomprensible tener que pagar 3.500 o 4.000 euros por un servicio funerario, a menudo negociando a ciegas porque la funeraria no publica sus tarifas. La opacidad empresarial se extiende, también, a la captación de familias mediante plataformas comparadoras de precios que, en muchos casos, están gestionadas por las mismas funerarias sin que el usuario lo perciba.
Frente a este panorama, han aparecido distintos colectivos que pretenden impulsar modelos alternativos, con precios más ajustados y enfoques más transparentes. El mercado se está moviendo, pero la patronal ha preferido mirar hacia otro lado. Y, sin embargo, debería ser la primera interesada en garantizar transparencia, honestidad, compromiso y ética, pero, sobre todo, de un cumplimiento normativo claro. No se trata solo de una cuestión de imagen: es una responsabilidad ineludible en un sector tan sensible como el funerario. La sociedad lo exige, y PANASEF no puede seguir postergando.
AUTOR: Roberto Durán Fuguet / MAIL: rdurandf971@gmail.com