En el corazón del cementerio de Riaño, en Langreo, un fatídico accidente cambió la vida de una trabajadora y desató una tormenta legal que podría sentar precedentes en la gestión de riesgos laborales en servicios públicos. El 26 de abril de 2019 se convirtió en un día desafortunado para una empleada de 39 años, cuando una losa de mármol de 140 kilos se desplomó sobre su mano, llevándose consigo la última falange de su quinto dedo. Este incidente marcó el inicio de un largo proceso judicial que ahora pone en el banquillo de los acusados al responsable municipal de los cementerios de Langreo.
Aquella jornada, tres operarios, dos hombres y una mujer, recibieron la orden de exhumar restos mortales sin un análisis previo de las condiciones del terreno ni medidas de seguridad adecuadas. La losa, sostenida sobre un falso techo, cedió y dos trabajadores cayeron al interior de la tumba. La trabajadora herida fue evacuada de urgencia y sufrió una incapacidad temporal prolongada, lo que evidenció la falta de formación y prevención en el lugar.
La Inspección de Trabajo levantó acta por la ausencia de medidas básicas de seguridad, y la Fiscalía no tardó en acusar al encargado de los cementerios de Langreo de cometer un delito contra la salud de los trabajadores, sumado a otro de lesiones por imprudencia grave. Se solicita una pena de año y medio de prisión, una multa de 2.160 euros y una indemnización de 34.731 euros para la afectada.
Este caso ha puesto de manifiesto la importancia de la prevención de riesgos laborales en los servicios públicos, especialmente en aquellos de alto riesgo como los cementerios. Expertos en derecho laboral insisten en que los responsables jerárquicos deben garantizar la seguridad de sus subordinados, y cuando las omisiones son evidentes, se justifica la vía penal para depurar responsabilidades.
A medida que se acerca la vista oral, la comunidad observa con atención las posibles consecuencias judiciales. En casos similares en Asturias, las penas han oscilado entre multas y suspensiones de empleo, pero no han llegado a la prisión efectiva. Sin embargo, la Fiscalía insiste en la gravedad del suceso y en la necesidad de establecer un precedente que refuerce la seguridad en los camposantos municipales.
Para la trabajadora, la indemnización sería un alivio económico que ayudaría a mitigar las secuelas del accidente, tanto físicas como emocionales. Pero más allá de su caso individual, este proceso judicial envía una advertencia clara: la seguridad laboral no es opcional, y la negligencia puede tener consecuencias severas para los responsables directos. Este juicio no solo busca justicia para la víctima, sino que también podría impulsar cambios significativos en la gestión de riesgos laborales en los servicios públicos de toda España.