La noticia de la localización de 383 cuerpos en un crematorio clandestino en Ciudad Juárez ha sacudido a la comunidad y ha puesto en el foco a varias funerarias de la ciudad. La Fiscalía de Chihuahua, tras una exhaustiva investigación, identificó a seis establecimientos funerarios que contrataron los servicios del Crematorio Plenitud, un lugar que debería haber procesado los restos pero que, en su lugar, albergó cuerpos durante años. Este descubrimiento ha desencadenado una serie de interrogantes no solo sobre la regulación del manejo de restos humanos, sino también sobre la ética y moralidad de los servicios funerarios en la región.
El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno, reveló que las funerarias Luz Divina, Capillas Protecto Deco, Del Carmen, Ramírez, Latinoamericana y Amor Eterno están bajo escrutinio, aunque no se han presentado denuncias formales en su contra. «Las familias afectadas están apenas enterándose de la situación», mencionó Jáuregui. La Fiscalía ahora trabaja en el traslado de los cuerpos a un espacio adecuado, donde se llevarán a cabo los procesos de identificación para permitir a los familiares decidir el destino final de los restos.
En medio de esta crisis, la Unión de Funerarios de Ciudad Juárez ha asumido una postura de responsabilidad moral. Marcelo Ruiz Cantú, su representante, expresó solidaridad con las familias afectadas y resaltó la importancia de colaborar con las autoridades para esclarecer los hechos. «No podemos asegurar que las cenizas provengan de los cuerpos que entregamos. Pero ahora, más que nunca, debemos ser humanos antes que un negocio», destacó Ruiz.
El descubrimiento, que ha dejado a muchas familias en un estado de incertidumbre, también ha puesto sobre la mesa la necesidad de revisar los permisos y regulaciones del sector funerario. A pesar de que el crematorio Plenitud operaba desde hace más de 25 años, este no es el primer escándalo al que se enfrenta; ya en 2020, durante la pandemia de Covid-19, se encontraron 63 cuerpos sin cremar en sus instalaciones. Sin embargo, tras una suspensión temporal, el crematorio reanudó operaciones.
Por ahora, dos personas han sido detenidas: el propietario del crematorio, José Luis A.C., y un empleado, Facundo M.R. Los delitos que podrían enfrentar incluyen inhumación indebida de cadáveres y violaciones a la Ley General de Salud. Las penas podrían variar desde dos hasta dieciséis años de prisión.
La situación se complica con la capacidad limitada de los siete crematorios activos en Ciudad Juárez para procesar los cuerpos pendientes, un proceso que podría extenderse hasta tres meses. En este contexto, el llamado es a priorizar la identificación de los cuerpos y a brindar apoyo a las familias en este momento tan crítico.
En estos momentos de incertidumbre y dolor, la comunidad de Juárez se enfrenta a un desafío sin precedentes, uno que pone a prueba no solo la legalidad sino también la empatía y humanidad de todos los involucrados.
