El caso del crematorio junto a la M-40, ubicado en el barrio madrileño de San Fermín, ha quedado cerrado tras la decisión de la Fiscalía Provincial de Madrid de archivar la denuncia presentada en noviembre contra la concesión de su licencia. Según la Fiscalía, no existen indicios delictivos en el procedimiento seguido por el Ayuntamiento de Madrid, que actuó conforme a la normativa vigente.
La denuncia, liderada por el PSOE, argumentaba que el crematorio incumplía una ordenanza municipal que prohíbe este tipo de instalaciones a menos de 250 metros de viviendas, además de suponer, supuestamente, un riesgo para la salud de los vecinos. Sin embargo, el informe de la Fiscalía es claro: los pasos seguidos por el Ayuntamiento se ajustaron a la Ley autonómica de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, así como a la resolución emitida en julio de 2024 por la Dirección General de Transición Energética de la Comunidad de Madrid.
El área de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, que había emitido un informe favorable para la concesión de la licencia, también defendió la legalidad del proceso. La Fiscalía ha avalado su postura, señalando que el Consistorio no tenía margen para actuar de manera distinta, cumpliendo estrictamente con los requisitos legales.
A pesar de este archivo, la Fiscalía indica que el crematorio aún deberá obtener la licencia de funcionamiento definitiva. Este último paso dependerá de una inspección técnica para verificar que las instalaciones cumplen exactamente con el proyecto licenciado y los estándares establecidos por la normativa ambiental.
El crematorio de la M-40, cuya instalación había generado preocupación en el vecindario, podrá seguir adelante con su desarrollo, siempre y cuando supere la inspección final. Este proceso asegura que el impacto ambiental y la seguridad cumplan con las exigencias legales y técnicas antes de iniciar su operación.
El archivo de la denuncia supone un respaldo judicial para el Ayuntamiento, que ha visto avalada su actuación en este procedimiento. Por su parte, los vecinos y otros interesados seguirán atentos al desarrollo del proyecto, especialmente a la etapa final de inspección previa a su funcionamiento. La decisión de la Fiscalía marca un punto de inflexión en un caso que ha generado debate público en torno a la instalación de este tipo de infraestructuras en zonas urbanas.
