El 20 de diciembre de 2024, el Ayuntamiento de Reus vivió uno de los momentos más tensos del año. Trabajadores de la funeraria municipal irrumpieron en el último pleno del año para protestar contra lo que consideran «acoso laboral agresivo» por parte del gerente de la empresa, José Antonio Álvarez. Hoy, más de dos semanas después, el eco de esa jornada sigue resonando en la ciudad, dejando un clima de conflicto abierto y sin soluciones claras a la vista.
La protesta, que tuvo lugar en plena sesión municipal, dejó imágenes impactantes: empleados levantando carteles con el mensaje No tot s’hi val («No todo vale» en catalán), una frase tomada de la concejal Montserrat Flores en un pleno anterior. Con este gesto, los trabajadores no solo pedían la intervención de la alcaldesa Sandra Guaita, sino que señalaban directamente a Álvarez, a quien acusan de haber instaurado un entorno laboral hostil y de utilizar prácticas intimidatorias.
El detonante de la crisis fue la contratación de un detective privado para seguir a trabajadores que estaban de baja médica, un hecho que desató una ola de indignación en la plantilla y en los sindicatos. Además, los empleados denunciaron despidos y sanciones ejecutados sin derecho a defensa, lo que llevó a una denuncia colectiva ante Inspección de Trabajo y a que el caso llegara a los servicios de salud de la Generalitat.
Este conflicto ha trascendido lo laboral. La transformación de la funeraria en un operador provincial, conocida como FuneCamp, también ha quedado bajo el foco crítico. UGT, uno de los sindicatos más activos en el caso, ha pedido detener este proyecto hasta que se resuelvan los problemas internos de la empresa. Por su parte, la oposición municipal ha señalado la mala gestión del gobierno liderado por el PSC, ERC y Ara Reus, y ha cuestionado decisiones como el nombramiento a dedo de Álvarez y la contratación de su pareja bajo las mismas circunstancias.
A pesar de la gravedad del conflicto, el equipo de gobierno mantiene su plan de expansión de la funeraria a municipios como Salou, Vila-Seca y Constantí, mientras trata de contener las tensiones internas. Sin embargo, los días pasan y la presión social y sindical no hace más que aumentar, poniendo en riesgo no solo la paz laboral, sino también la credibilidad del Ejecutivo local.
El 20 de diciembre de 2024 fue una fecha clave que marcó el inicio de un conflicto aún sin resolver. En este comienzo de 2025, la ciudad de Reus sigue buscando respuestas a una situación que combina acusaciones laborales, decisiones políticas polémicas y una gestión cuestionada desde múltiples frentes.
