Actualizado: 27/10/2020
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El Ayuntamiento de Ripoll pedirá rebajar el IVA de los entierros al 4% y fijará un precio básico por servicio

El Ayuntamiento de Ripoll pedirá rebajar el IVA de los entierros al 4% y fijará un precio básico por servicio

El Ayuntamiento de Ripoll (provincia de Gerona) pedirá al Gobierno de España que rebaje de forma urgente el IVA de los enterramientos por la situación excepcional en la que nos encontramos por el coronavirus.

Actualmente se aplica un 21% pero solicitarán que pase a ser del 4% que es lo que tienen los productos básicos. Desde el consistorio consideran que este es un servicio esencial y recuerdan que desde el 1 de abril la Generalitat de Cataluña ha declarado los enterramientos como “servicios de prestación forzosa”.

El equipo de Gobierno municipal también instó a otros ayuntamientos, que son quienes tienen la competencia en este ámbito, a que fijen unos precios máximos mientras dure la crisis del coronavirus y que se mantengan hasta el 31 de diciembre del año 2022. “Ripoll fijará el precio máximo del servicio funerario básico en 1.671,86 euros”.

Marcarán un precio máximo para un servicio funerario básico
El precio básico del servicio funerario fijado por el Ayuntamiento de Ripoll incluye el féretro, trabajos de recogida y acondicionamiento y traslado y estancia en depósito, vehículo fúnebre y personal, certificados y trámites en el juzgado, y traslado final al cementerio o crematorio.

Después se ha de añadir el 21% de IVA (que Ripoll reclama que pase al 4%), así como los gastos de las opciones finales escogidas por el finado o la familia: bien sea entierro en cementerio y por lo tanto el precio final dependerá de si se dispone de nicho o hay que alquilarlo y las tasas municipales de cementerio, o si se escoge la opción de incineración y urna.

Estos importes serán vigentes hasta 31 de diciembre de 2022, prolongando los importes acordados más allá de la crisis por coronavirus. Ripoll se suma así a la petición de otras instituciones y entidades como el Síndic de Greuges (Defensor de Pueblo) de Cataluña que lo viene reclamando desde la última aplicación de los tipos de IVA en el año 2012.

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