El Juzgado ha ordenado la devolución del dinero pagado por contratos irregulares a la empresa Emucesa

El Juzgado de Instrucción 9 de Granada, que ha investigado las contrataciones “irregulares” en el cementerio de Granada y ha ordenado la devolución a la empresa Emucesa de un total 32.521 euros en concepto de responsabilidad civil de dos de las procesadas en esta causa.

En dos recientes autos, a los que ha tenido acceso Efe este miércoles, la juez recoge que se acordó requerir a la exconsejera delegada del cementerio y exedil del PP María Francés que prestara fianza de 32.521 euros, de forma solidaria con otra investigada, para asegurar sus posibles responsabilidades civiles.

Dado que tanto Francés como la otra investigada han consignado cada una la cuantía de 16.260 euros, la juez ha declarado «bastante» las fianzas constituidas y «solventes» a ambas acusadas, y ha dispuesto que se expida un mandamiento de devolución de un importe total de 32.521 euros a nombre de Emucesa, en concepto de pago de responsabilidad civil reclamada.

En el caso de la otra investigada, M. A. M. L., en uno de los autos también se ordena la devolución de otros 3.886 euros a nombre del Servicio Público de Empleo también en concepto de responsabilidad civil reclamada.

Estos pronunciamientos judiciales se producen después de que Francés, junto a otras dos investigadas, presentara un escrito de calificación conjunta en el que reconocía que, teniendo facultades para la contratación de personal al servicio de la empresa y de acuerdo con las personas con las que tenía afinidad personal o política, elaboró contratos de alta dirección.

Todas conocían que no iba a desempeñarse actividad, prestación o informe alguno, que carecía de relevancia y utilidad la función a desempeñar por el contratado para la empresa municipal, pues el contrato únicamente tenía por finalidad asignar una retribución económica a asesores a cargo de una empresa de capital íntegramente público en la fecha de los hechos.

Con este escrito de conformidad Francés aceptó dos años de prisión e inhabilitación especial de cinco años, con imposibilidad de desempeñar cargos de libre designación, aunque sean electivos y contratar o ser contratada en cualquier administración pública; y multa de 2.400 euros, por delitos de malversación de caudales públicos en concurso con falsedad en documental oficial y prevaricación.

Las otras dos investigadas que llegaron a un acuerdo con las partes, además de por esos delitos, reconocían ser autoras de fraude al sistema de prestaciones de la Seguridad Social, y aceptaron penas seis meses prisión, inhabilitación especial de dos años y multa de 2.000 euros en un caso; y de tres meses de cárcel, inhabilitación especial de dieciocho meses y multa de 1.000 euros en el otro.

El Juzgado de Instrucción 9 acordó el pasado octubre la apertura de juicio oral contra siete personas, entre ellas el también exconsejero delegado de Emucesa Eduardo Moral y Francés, por supuestas contrataciones fantasma en el cementerio de Granada durante anteriores mandatos del PP, y fijó distintas fianzas.