El tanatorio púbico de Ravelo es el primero de la comarca adaptado al decreto de Sanidad Mortuoria

El barrio de Ravelo, en el municipio de El Sauzal, (provincia de Santa Cruz de Tenerife), es el primero de la comarca de Acentejo (una de las once comarcas en la que se divide la isla de Tenerife), cuenta con un tanatorio adaptado al decreto 132/2014 de Sanidad Mortuoria.

El ayuntamiento ha finalizado recientemente las obras en el espacio que posibilita el cumplimiento de esta legislación, y que resulta ser moderno, funcional y ajustado a la nueva legislación regional. De esta manera, El Sauzal se convierte en el primer municipio de la Comarca de Acentejo.

Uno de los requisitos que se han cumplido con las obras es la habilitación de una sala de preparación. Este espacio cuenta con superficies lisas, impermeables y lavamanos destinado al personal, como establece la ley.

También se ha preparado una cámara de frío y se ha mejorado la zona de exposición del cadáver, así como la zona destinada a familiares y público en general. De esta manera, se ha creado un espacio más confortable para poder velar a sus seres queridos.

La intención del ayuntamiento es crear una instalación similar en el casco, pero de forma conjunta con el nuevo cementerio. Un proyecto que se trata de desatascar buscando un acceso a la parcela, para que no se vea afectado por la cercanía de la autopista del Norte (TF-5) y su posible ampliación.

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó el 20 de marzo de 2017, a propuesta de la Consejería de Sanidad, la modificación del Decreto 132/2014, de 29 de diciembre, de Sanidad Mortuoria para incorporar, por razones de interés general, un período de adaptación a los requisitos exigidos en la norma a los establecimientos y vehículos de servicios fúnebres, que quedó fijado hasta el 15 de septiembre de este año.

Para la Consejería de Sanidad, los operadores de los servicios funerarios han contado con «un plazo más viable y razonable para realizar las adaptaciones que sean necesarios para cumplir los requisitos exigidos, al tiempo que los ayuntamientos podrán planificar las inversiones necesarias».