Actualizado: 18/08/2018
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El negocio de los muertos en León genera muchas dudas sobre su legalidad y funcionamiento

El negocio de los muertos en León genera muchas dudas sobre su legalidad y funcionamiento

Vía: Fuente: A Vega / ileón

A finales de septiembre la Fiscalía Provincial de León abrió diligencias de investigación penal sobre Serfunle tras la denuncia interpuesta en mayo por los concejales de Izquierda Unida en los ayuntamientos que integran la Mancomunidad de Serfunle, San Andrés, León y Villaquilambre, por la gestión realizada en esta mancomunidad que han asegurado que ha supuesto “un quebranto millonario a las arcas públicas”. La denuncia tenía como objetivo “clarificar si hay algún tipo de delito en la gestión de la Mancomunidad de Serfunle SA”, porque en función de los informes técnicos de los que dispone la formación consideraron que sí había habido ilegalidad.

El millonario negocio de los muertos topa con cuestiones administrativas generando serias dudas sobre su legalidad y funcionamiento. El pasado mes de septiembre se conocía un informe del Consejo Consultivo de Castilla y León que declaraba ilegal la privatización de la gestión funeraria, bajo el gobierno de Mario Amilivia (PP) del 49% del capital de la Mancomunidad de Servicios Funerarios de León, San Andrés y Villaquilambre (Serfunle). Una compra que recayó en la actual empresa Mémora y que desde entonces ha llevado la gestión y que, según la interpretación del Consejo Consultivo, se habría llevado ganancias por valor de más de 8,4 millones por un canon que no venía en los pliegos de la convocatoria.

El pasado 4 de octubre la Asamblea de Concejales de los tres municipios que, teóricamente, gobierna Serfunle afrontó un debate sobre cómo aplicar, o no, el informe del Consejo Consultivo. En la misma tuvo lugar dos interpretaciones sobre la resolución del Consultivo, que ahora preside el propio Amilivia que privatizó la funeraria pública. La secretaria del Ayuntamiento de León y de la propia mancomunidad, la principal funcionaria del Ayuntamiento de León, la secretaria municipal Carmen Jaén, defendió la nulidad acordada por el Consultivo pero entendía que se debía mantener a Mémora como socia de Serfunle hasta la resolución jurídica de todo el asunto ante los posibles recursos que se avecinan del asunto.

La interpretación del interventor municipal, Gabriel Menéndez, se ratificaba en la nulidad de la adjudicación pero apostaba, por contra, por disolver la empresa mixta Serfunle SA (51% Mancomunidad y 49% Mémora) por la que se llevó a cabo la privatización y volver al estado inicial de la legalidad asumiendo la mancomunidad los servicios funerarios. La asamblea de concejales acordó seguir el criterio propuesto por la principal funcionaria del Ayuntamiento de León con el voto favorable de 9 de los concejales, incluido su presidente, el portavoz del PP en León Fernando Salguero. En contra votó el concejal del PAL en San Andrés, Paco Gómez, y se abstuvo la portavoz y concejal de IU en San Andrés, Eloína Terrón, quien ha insistido en diversos comunicados en que Serfunle vuelva a manos públicas de forma inmediata.

Contra la resolución de mantener las cosas como están, incluido el pago del polémico canon suspendido en los últimos meses y ahora bajo lupa judicial, interpusieron recurso de reposición el concejal que votó en contra del acuerdo, Paco Gómez, y la empresa rival Funerarias Leonesas. Un recurso que tiene que resolver la propia asamblea en una reunión que tendrá lugar este lunes 28 de noviembre a las doce de la mañana en la sede de Ordoño II del consistorio leonés.

De cara a la asamblea se llega con un informe de la mano de la secretaria municipal Carmen Jaén que calca, literalmente y de forma abundante, un informe elaborado por el asesor jurídico del Grupo Mémora, Pedro Sangro Gómez-Acebo, en su rechazo a los recursos de que la funeraria siga en el capital y en la gestión de Serfunle.

La Fiscalía de León investiga desde finales de septiembre, a instancias de IU, la existencia de posibles delitos a raíz de esa privatización y de los pagos efectuados a la empresa ganadora hasta ser declarado ilegal el contrato.

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