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Actualizado: 24/06/2022
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Coinciden en la necesidad de endurecer la regulación del crematorio a nivel autonómico

Coinciden en la necesidad de endurecer la regulación del crematorio a nivel autonómico

Vía: V. Mora / Información

El crematorio de Sant Joan d’Alacant (Alicante), el pasado martes volvió a convertirse en el centro de las negociaciones en el municipio. Se produjo la primera de las reuniones previstas con técnicos de la Generalitat Valenciana. La del martes fue una primera toma de contacto a la que se van a sumar próximos encuentros con responsables técnicos y políticos. Una de las primera conclusiones ha sido la necesidad de endurecer la regulación del crematorio a nivel autonómico, con lo que esperan mejorar las condiciones de la instalación.

Actualmente no hay actividad de crematorio debido al cierre cautelar de la instalación.
El coordinador de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Salud Pública, José Vicente Martín Boscá, se reunió con los concejales municipales Esther Donate, Clara Rodríguez y Sergio Agueitos y con los colectivos afectados como el Ampa del Colegio Lo Romero, la Junta de Personal del Hospital de Sant Joan, la Plataforma Anticrematorio y por la Dignidad de Sant Joan así como el representante de Ecologistas en Acción, Carlos Arribas.

Agueitos explicó sobre la reunión que «hemos planteado, en este caso porque el técnico es de Sanidad, qué vías se pueden explorar para mejorar el control de la actividad, la regulación de las dioxinas, de las distancias, que nos ayuden en ese sentido». Y han conocido que en este sentido la legislación es aún muy escasa por lo que el objetivo es que se puedan hacer regulaciones que sean lo más restrictivas posibles. Para ello considera necesario que a los técnicos se les unan los responsables políticos que son quienes deben de tomar las decisiones.

Sin embargo, la postura más radical la plantean los colectivos afectados que son más partidarios de no hacer regulaciones sino de que se produzca el cierre definitivo de la actividad de crematorio y rechazan las medidas correctoras. A su vez, son críticos con el Ayuntamiento que «lleva desde septiembre para elaborar un decreto que regule la actividad de la Comisión y hasta la fecha siempre nos han rechazado todas nuestras alegaciones». También consideran necesario que a las voces técnicas se unan las políticas que son quienes toman las decisiones finales.

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