Eximen a técnico municipal de irregularidades en la adjudicación de limpieza y mantenimiento del cementerio

El magistrado del Juzgado de Instrucción Número 1 de Alicante ha decretado el sobreseimiento provisional parcial de la causa abierta por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato de limpieza y mantenimiento del Cementerio, exclusivamente respecto al imputado Diego Agulló, técnico municipal. Continúa imputado en esta causa el principal acusado, el exjefe de Atención Urbana Víctor López.

El juez, que ya eximió de responsabilidades a otro técnico, Luis Rodríguez Robles, entiende que Agulló no realizó «ninguna actuación que haya tenido relevancia en ningún procedimiento administrativo» relativo a esta adjudicación. Por tanto, cree que «ninguna responsabilidad penal se le puede exigir». Por lo que sobresee las actuaciones respecto a dicho imputado. Es decir, le libera de la imputación.

Agulló estaba imputado por elaborar un informe sobre la adjudicación del servicio a Enrique Ortiz, encargado por el exconcejal Andrés Llorens, para tener más argumentos contra el recurso de reposición presentado por la exedil socialista Carmen Sánchez sobre dicha adjudicación. Un proceso de contratación que después fue llevado ante los tribunales por otra de las empresas que se presentaba al concurso. Multiservicios Tritón.

No obstante, el juez considera probado que el informe está fechado un día después de que se resolviese el recurso, por lo que «no se tuvo en cuenta», por motivos evidentes, en la misma. Añade que dicho informe tampoco formó parte del expediente de adjudicación del contrato y por ello «no ha podido desplegar ningún efecto en la resolución del mismo».

Se da la circunstancia, admite el juez, de que el juzgado pidió «por error involuntario» a las acusaciones que formulasen sus escritos de calificación antes de que el magistrado determinase si ampliaba el auto de incoación del procedimiento o no a Diego Agulló. Ello hizo que la Fiscalía llegase a pedir una pena de inhabilitación de siete años por un presunto delito de prevaricación al hasta ahora imputado, que ahora ha sido exonerado de cualquier responsabilidad.