Actualizado: 26/07/2021
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El alcalde de Marmolejo (PSOE) prestó declaración como imputado en el ‘caso tanatorio’ por licencias irregulares

El alcalde de Marmolejo (PSOE) prestó declaración como imputado en el ‘caso tanatorio’ por licencias irregulares

Vía: Ideal

El alcalde de Marmolejo, (provincia de Jaén) Manuel Lozano Garrido (PSOE), prestó declaración como imputado en el ‘caso tanatorio’, en el que se investigan irregularidades en la concesión de licencias urbanísticas en el mandato de la corporación 2007-2011, en la que él tenía delegadas las competencias de urbanismo por el alcalde Cristóbal Relaño (ya fallecido).

El regidor aportó en su comparecencia nueva documentación sobre el caso e insistió ante el juez instructor que todo se hizo con respeto a la legislación vigente. Lozano indicó ante su señoría que, el difunto, Relaño era quien llevaba las riendas en ese asunto, «pero las llevara él o no, lo cierto es que había un expediente que se rechazó por la Junta y entonces se hizo un convenio urbanístico para hacerlo todo según la ley», explicó ayer, días después de su declaración.
Ese convenio urbanístico aprobado en pleno y otros documentos fueron aportados por Lozano al juzgado.

Acusación particular
Una de sus primeras medidas como regidor fue retirar al Ayuntamiento de la acusación particular del caso revocando los poderes concedidos por el anterior alcalde, Bartolomé Soriano (IU mientras estuvo en el cargo, ahora PA en la oposición), a un despacho de abogados que fue contratado para personarse en la causa. Lozano indica que sigue habiendo una acusación particular, aunque no puede precisar si la ejerce Bartolomé Soriano a título particular o en nombre de la formación política en la que ahora milita.

El juzgado de Andújar investiga si el tanatorio se levantó en suelo rústico, si hay personas implicadas en la tramitación del procedimiento administrativo que luego hayan participado a nivel privado en las obras y si hay informes técnicos que adviertan de posibles ilegalidades y si fueron o no atendidos, según han indicado fuentes cercanas al caso. La Justicia actuó por denuncia del propio Ayuntamiento tras cambiar de signo político la alcaldía tras las elecciones de 2011.

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