Actualizado: 29/07/2021
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La empresa gestora del tanatorio de Dolores (Alicante) ve como le embargan el mobiliario durante un velatorio

La empresa gestora del tanatorio de Dolores (Alicante) ve como le embargan el mobiliario durante un velatorio

Vía: La Verdad

Unos vecinos que acompañaban a un familiar fallecido en el municipio de Dolores (provincia de Alicante) tuvieron que quedarse de pie en un velatorio en el tanatorio ya que unas personas ajenas a la empresa que gestiona el servicio se llevaron los sofás de las estancias que pertenecen al Ayuntamiento. El gobierno local no ha podido evitar esta situación ya que le ha requerido a la mercantil que abandone las instalaciones pero sin una decisión judicial no se puede echar a la concesionaria.

Los dolorenses que asistían al velorio se quedaron boquiabiertos al ver cómo dos operarios cargaban con el mobiliario mientras la familia acompañaba al fallecido de cuerpo presente. Desde el Consistorio se advierte que todo se debe a las posibles deudas que pueda arrastrar la mercantil. En este sentido, aseguran que la mercantil ha superado una deuda con la administración municipal de más de 30.000 euros.

La concesión administrativa de este centro público se firmó con un canon mensual de 1.600 euros que se debía pagar por trimestre. El grupo socialista en la oposición evidenció esta situación en varias ocasiones, aunque hasta que no materializó el traspaso de poderes no se pudo firmar la resolución del contrato con la concesionaria.

El alcalde, Joaquín Hernández, denunció que «ahora están cobrando a los vecinos el doble de lo que valía cualquier velatorio, y encima en metálico». Para el primer edil este hecho podría suponer un delito de alzamiento de bienes aunque lamenta que no puede desahuciar a la empresa sin la orden judicial. «Le hemos pedido que abandone de manera voluntaria pero no quieren», explicó. Por este motivo se puso una denuncia en los juzgados de Elche, que todavía se encuentra a la espera de su resolución. Mientras tanto el Consistorio ha perdido parte del mobiliario público por parte de personas ajenas a la empresa que gestiona una concesión de la que se tuvo que ejecutar el aval que puso como fianza.

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