Actualizado: 15/12/2018
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Sanidad alerta del peligro que podría suponer el crematorio de Sant Joan en condiciones meteorológicas adversas

Sanidad alerta del peligro que podría suponer el crematorio de Sant Joan en condiciones meteorológicas adversas

Vía: Magalí Fernández / Información

Un informe de la Conselleria de Sanidad, al que ha tenido acceso Información, establece que la actividad del crematorio de Sant Joan (Alicante) podría generar riesgo para la salud si se produce el peor escenario posible, es decir, que se diera la situación atmosférica más desfavorable y que el horno incinerador funcionara unas ocho horas diarias, siete días a la semana durante todo el año.

El Ayuntamiento de Sant Joan dio a conocer este estudio de la Conselleria de Sanidad a los vecinos de la plataforma Anticrematorio y a la oposición ayer, en la comisión informativa y de seguimiento de la instalación incineradora. El informe, que se remitió al Consistorio el pasado 14 de agosto, se basa en muestras obtenidas del 13 al 15 de marzo procedentes de un horno incinerador de Elche, similar al que funciona en Sant Joan y cuyos datos se han extrapolado.

Las conclusiones de dicho informe señalan que en condiciones extremas y en el peor escenario posible los resultados obtenidos mostrarían que el foco de emisión superaría «los límites de emisión de monóxido de carbono para la legislación nacional y los límites de organismos internacionales de mayor prestigio en la emisión de dioxinas y furanos». Además, asegura que «del estudio realizado sobre el riesgo de cáncer se desprende que, debido al nivel de emisión tan alto de dioxinas y furanos, estos contaminantes, en función de las condiciones atmosféricas y de funcionamiento presentan distancias para alcanzar el riesgo aceptable».

La conselleria asegura que «la instalación supone un riesgo sobre la salud de las poblaciones cercanas, por lo que la empresa debe implementar la utilización de las mejores condiciones científico-técnicas posibles con objeto de minimizar el riesgo». Así, Sanidad recuerda que en los alrededores del crematorio se encuentra la Universidad Miguel Hernández del Hospital Universitario, el centro Dr. Esquerdo, el centro de día para personas mayores dependientes La Suiza, el colegio público Lo Romero, la unidad de hospitalización antialcohol y el centro de salud de Sant Joan.

Los miembros de la plataforma Anticrematorio criticaronel pasado jueves que el Consistorio «haya tenido en un cajón esta documentación aún sabiendo el riesgo que supone para la población cercana al crematorio como el colegio Lo Romero». De esta forma, consideraron que «el alcalde y el señor Román son unos irresponsables al tener ese informe desde agosto y no decir nada».

El otro documento

Por otra parte y en contraposición a este estudio, en la reunión mantenida ayer entre el equipo de gobierno, oposición y vecinos, se facilitó el informe que la propietaria del crematorio encargó a una empresa externa y en el que se asegura que «los niveles de emisiones a la atmósfera registrados se encuentran por debajo de los máximos permitidos por la solicitud de autorización» que posee la empresa para llevar a cabo su actividad.

La firma redactora de este segundo estudio, que según fuentes municipales cuenta con la homologación de la Generalitat para elaborar este tipo de informes, indica además en el documento que «la emisión de contaminantes a la atmósfera medidas en las instalaciones cumple con los Valores Límite de Emisión de la legislación vigente». Asimismo, se indica en el documento que el crematorio deberá someterse a una revisión de este tipo cada tres años.

El Ayuntamiento informó además ayer a los vecinos que ha solicitado la elaboración de un estudio de emisiones contaminantes paralelo al de la empresa y al de conselleria. El portavoz del equipo de gobierno, Santiago Román, indicó que aún no se han llevado a cabo las mediciones pero que esperan tener el informe en las próximas semanas.

La plataforma, por su parte, ha solicitado por registro este pasado 8 de octubre el plan de vigilancia y control de emisiones del Ayuntamiento y la sentencia judicial en la que se obliga al Consistorio a pagar más de 600.000 euros por retrasar la actividad de la incineradora. Además, la plataforma exigió conocer dónde y cuándo se colocará la torre de control que, según afirmaron, el alcalde prometió en diciembre instalar para controlar las emisiones de la incineradora.

 

 

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