Actualizado: 23/11/2020
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El tanatorio de Alcalá de Guadaíra ya luce los indicativos que reconocen la instalación como municipal

El tanatorio de Alcalá de Guadaíra ya luce los indicativos que reconocen la instalación como municipal

Vía: Alcalá virtual

El Partido Andalucista llevaba reclamando al Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) que exigiese a Grupo Mémora, como concesionaria del tanatorio-crematorio, el cumplimiento de hacer figurar en todos los carteles, establecimientos y demás elementos visibles la mención: “Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Instalación Municipal” como parte del pliego de condiciones del concurso y posterior contrato de adjudicación.

El concurso público del servicio de crematorio, tanatorio y cementerio fue adjudicado en octubre de 2006 . El tanatorio fue inaugurado el 4 de septiembre de 2009 y  supuso una inversión de 2,7 millones de euros. La empresa encargada de realizar todo el proyecto y de gestionar este complejo es Intur Servicios Funerarios, del grupo Mémora.

En palabras del concejal de Asuntos Económicos del Grupo Municipal Andalucista en el Ayuntamiento, Ramón Ramos, ha mostrado “nuestra satisfacción porque tras años de peticiones, se cumpla la normativa y se muestre a la vista que la instalación es de titularidad municipal, y por tanto pública y de todos, que está en condición de concesión durante un período determinado”.

Para el concejal Andalucista “lo obtenido no es el mero hecho de colocar, o no, un cartel, sino indicar a todas las personas que se ven obligadas a acudir al tanatorio, sepan que están haciendo uso de unas instalaciones municipales y que recibiendo, por tanto, unos servicios también municipales”.

“Lo normal hasta la fecha es que se interpretara que el tanatorio es de una empresa privada y que los servicios que se prestan también son privados, pero lo que los alcalareños tienen derecho a conocer es que el tanatorio es de los alcalareños y no de la empresa Mémora”.

Recuerda Ramos que los servicios que se prestan son totalmente públicos, al igual que el propio edificio que al final de la concesión revierte al Ayuntamiento. “Lo lamentable –añade Ramón Ramos- es que hayamos tenido que insistir durante tres años en algo que debería ser mera inspección y supervisión de una concesión de servicio público, y que el alcalde debiera haber controlado desde el inicio de la actividad”.

 

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