Grupo Mémora interesado en construir un tercer tanatorio en Cáceres

A lo largo de los últimos diez años, y tras sucesivas incorporaciones al grupo, Mémora se ha consolidado como la mayor empresa del sector funerario de España». Así se presenta el grupo Mémora en su web. Esta empresa especializada en servicios funerarios ha mostrado interés en la construcción y explotación de un tanatorio, según lo abordado el pasado 3 de junio en la junta de gobierno del ayuntamiento.

Si este proyecto se concreta, este tanatorio sería el tercero de la ciudad. Los otros dos, uno en la calle Viena y otro en el Rodeo, los gestiona la misma empresa.

En la sesión del 3 de junio se informó del expediente que se tramita en la sección de Contratación para la concesión de la obra pública de ejecución y de explotación de tanatorio y de la iniciativa promovida por Mémora Servicios Funerarios, grupo que está presente en 20 provincias, entre las que figuran Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza y Málaga, y Portugal.

Además se habló del estudio de viabilidad presentado, incluso la alcaldesa, en esa fecha estaba en funciones Carmen Heras, se mostró favorable a esta iniciativa, aunque recordó que de su aprobación se encargaría el órgano competente para decidir sobre esta actuación.

El nuevo gobierno municipal confirmó ayer que el expediente se sigue tramitando. Este diario contactó ayer con la central de la empresa, que está en Barcelona, aunque no se pronunció sobre el proyecto en sí. El consejero director-general del grupo Mémora es Eduard Vidal y el director general de Mémora España es Rafael Urío, informó la empresa.

Al ser un concurso de concesión que tramita el ayuntamiento, el terreno sería municipal. En la junta, según fuentes consultadas el mismo día 3, se habló de que estaría en el cementerio.

La ley de Contratos del sector público prevé la posibilidad de que el ayuntamiento admita la iniciativa privada en la presentación de estudios de viabilidad de eventuales concesiones. La administración tiene un plazo de tres meses para contestar a la empresa o particular sobre la decisión de tramitar o no la iniciativa presentada o fijar un plazo mayor, que en ningún caso puede superar los seis meses.