La Comisión Galega da Competencia ha impuesto multas por un total de 407.690 euros a cuatro empresas funerarias por considerar que limitaron la competencia en las licitaciones del transporte judicial de cadáveres en Vigo y Pontevedra. La resolución coincide con un escenario de dificultades en la contratación de estos servicios, después de que una nueva licitación de la Xunta, con una cobertura territorial más amplia, quedase desierta por falta de ofertas.
La Comisión Galega da Competencia (CGC) ha sancionado a cuatro empresas funerarias por su participación conjunta en las licitaciones del servicio de transporte de cadáveres destinados a autopsias, necropsias y otras pruebas de investigación forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga). La resolución, fechada el 18 de agosto de 2026 y publicada el 9 de noviembre, considera acreditada una infracción muy grave de la normativa de defensa de la competencia en los procedimientos de contratación correspondientes a 2020 y 2024.
Las empresas afectadas son Pompas Fúnebres del Atlántico, S.A., con una multa de 175.601,19 euros; Sepelios San Marcos, S.L., con 131.773,11 euros; Pompas Fúnebres de Arosa, S.L., con 73.500,64 euros; y Pompas Fúnebres Santa Tegra, S.L., con 26.815,29 euros. Las sanciones representan aproximadamente el 3 % del volumen de negocio de las compañías durante 2025.
La resolución establece también una prohibición de contratar con las administraciones públicas durante seis meses para cada una de las empresas, circunscrita a determinadas categorías de servicios funerarios y de transporte en Galicia. Su aplicación se contempla de manera sucesiva, y no simultánea, con el propósito de preservar la disponibilidad de operadores en futuras licitaciones.
La resolución tiene carácter administrativo y puede ser recurrida ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, por lo que las empresas afectadas disponen de una vía judicial para impugnar las sanciones impuestas.
Según la CGC, las compañías concurrieron agrupadas mediante uniones temporales de empresas (UTE) a los lotes 10 y 11, correspondientes a las áreas de Pontevedra y Vigo, pese a que, a juicio del organismo, disponían de capacidad suficiente para presentar ofertas individuales. Competencia considera que esta fórmula redujo la concurrencia efectiva y permitió adjudicar los contratos sin competencia entre las empresas integrantes de las agrupaciones.
El organismo sostiene asimismo que la presentación conjunta no acreditó mejoras de eficiencia que compensasen la restricción de la competencia. Entre los elementos analizados figura que las ofertas de las UTE no contemplaban rebajas respecto a los importes máximos establecidos en las licitaciones.
Las empresas, por su parte, han defendido la utilidad operativa de estas agrupaciones para garantizar un servicio que exige disponibilidad permanente, capacidad de respuesta inmediata y cobertura territorial suficiente. La colaboración entre operadores permite, según los argumentos expuestos por el sector, distribuir los recursos humanos y materiales necesarios para atender servicios simultáneos o incidencias imprevistas.
La resolución pone así de manifiesto las diferentes interpretaciones sobre los límites de la colaboración empresarial en la contratación pública. Aunque la constitución de una UTE es una fórmula legalmente reconocida, su utilización debe respetar las normas de defensa de la competencia, especialmente cuando las empresas participantes tienen capacidad para concurrir individualmente.
El debate adquiere especial relevancia a la vista de lo sucedido este mismo año con una nueva licitación del transporte judicial de cadáveres en Galicia.
Como ya informó El Funerario Digital el pasado 3 de agosto, la Xunta promovió un nuevo modelo de contratación que ampliaba las áreas de prestación del servicio hasta abarcar provincias completas. Sin embargo, el procedimiento quedó desierto al no presentarse ninguna empresa a las condiciones propuestas.
En aquella información, publicada bajo el título Rechazo al nuevo contrato de transporte funerario en Galicia por inviabilidad económica, el presidente de la Asociación Gallega de Empresas de Servicios Funerarios, José Becerra, explicaba que la extensión territorial, los desplazamientos, los tiempos de respuesta y la necesidad de mantener vehículos y personal disponibles hacían económicamente inviable asumir el contrato en las condiciones planteadas.
El resultado de aquella convocatoria introduce un elemento adicional en el análisis de las necesidades reales del servicio. Si bien se trata de procedimientos con diferentes condiciones y ámbitos territoriales, la ausencia de ofertas en la nueva licitación evidencia las dificultades que pueden encontrar las empresas para asumir individualmente determinadas obligaciones de cobertura y disponibilidad.
Esta circunstancia no desvirtúa por sí misma las conclusiones de Competencia sobre las licitaciones anteriores, pero invita a reflexionar sobre la relación entre las exigencias de la contratación pública, la viabilidad económica de los servicios y las posibilidades de colaboración entre empresas.
La CGC considera que en los procedimientos examinados existían alternativas de concurrencia individual y que la agrupación empresarial restringió injustificadamente la competencia. El sector funerario, en cambio, viene señalando que la prestación de estos servicios exige unas capacidades operativas y económicas que pueden resultar difíciles de asumir por una sola compañía, especialmente cuando aumenta la extensión geográfica de los contratos.
La cuestión de fondo trasciende, por tanto, las sanciones concretas y alcanza al propio diseño de las licitaciones: cómo garantizar la competencia entre operadores sin comprometer la continuidad, la viabilidad económica y la calidad de un servicio público especialmente sensible.
Y ante una licitación de gran alcance que ha quedado desierta, surge una pregunta: si las empresas consideran que no pueden asumir individualmente las condiciones del contrato y su colaboración mediante una UTE puede ser sancionada cuando se considera contraria a la competencia, ¿qué fórmula de contratación permite garantizar el servicio, asegurar la concurrencia y hacer económicamente viable su prestación?